Internacional
Tribunal Supremo italiano rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez

El Tribunal Supremo de Italia rechazó hoy extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez, que fue director de la petrolera estatal venezolana Pdvsa; entre 2004 y 2013 y exministro de Petróleo del presidente Hugo Chávez (1999-2013), Informado a Efe su abogado, Roberto De Vita.
“Hoy el Tribunal Supremo de Italia declaró definitivamente inadmisible la solicitud de extradición realizada por la República Bolivariana de Venezuela contra el exministro y embajador Rafael Darío Ramírez Carreño; confirmando la decisión de septiembre de 2021 del Tribunal de Apelaciones de Roma, que reconoció a su respecto la necesidad de protección internacional por la violación de los derechos humanos en Venezuela”, dijo su abogado en Italia.
Italia rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez
En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) anunció que había declarado «procedente» solicitar a Italia la extradición de Ramírez; para que fuera sometido a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de «peculado doloso propio», evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)».
La Fiscalía italiana emitió en julio del 2021 un dictamen favorable a la extradición, pero en septiembre cambió de opinión y pidió una sentencia contraria tras escuchar a la defensa del exministro venezolano; que justificó entre otras cosas que «en Venezuela no se respeta el Estado de derecho».
En septiembre del 2021, la Corte de Apelaciones de Roma denegó la extradición.
Ramírez fue un firme colaborador de Chávez y combinó la política petrolera venezolana hasta que fue destacado al frente de PDVSA en 2013 por el presidente Nicolás Maduro; a quien ha acusado de «traicionar el legado» del fundador de la llamada revolución bolivariana.
ACN/El Carabobeno
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Internacional
Aprobado en EE.UU. programa para localizar migrantes con antecedentes penales

El Estado de Luisiana (EEUU) anunció la implementación de la operación GEAUX, un programa destinado a localizar migrantes con antecedentes penales.
La iniciativa, liderada por el gobernador Jeff Landry, se desarrolla en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno federal encabezado por el presidente de EEUU, Donald Trump.
Según Landry, el objetivo es reforzar la seguridad en el estado mediante la identificación y posible deportación de personas indocumentadas que hayan cometido delitos.
La orden ejecutiva firmada este jueves, 15 de mayo, otorga a las autoridades locales facultades similares a las del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En concreto, se les permitirá investigar el estatus migratorio de individuos y proceder con detenciones en caso de antecedentes penales.
Persona que participe en actividades delictivas será deportada
Landry calificó la operación como la más grande en la historia del estado, asegurando que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Luisiana y participe en actividades delictivas será deportada o encarcelada.
La medida ha generado un intenso debate en la comunidad y entre los defensores de los derechos de los migrantes. Mientras algunos sectores apoyan la iniciativa como un esfuerzo por mejorar la seguridad, otros la critican por su posible impacto en familias migrantes y por el riesgo de discriminación racial.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de perfiles raciales en las investigaciones y detenciones.
GEAUX amplía el alcance de medidas
El programa también plantea interrogantes sobre la legalidad de otorgar a las fuerzas policiales locales competencias migratorias. En otros estados, como Illinois, ya existen leyes que permiten la deportación de personas con antecedentes penales. Pero, la operación GEAUX, amplía el alcance de estas medidas al permitir que la policía investigue activamente el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa.
A medida que la operación GEAUX entra en vigor, se espera que continúe el debate sobre su impacto en la comunidad migrante. También sobre la seguridad del estado.
La administración de Donald Trump ha respaldado la iniciativa como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, los efectos a largo plazo de esta política aún están por verse, y su implementación podría enfrentar desafíos legales y sociales en los próximos meses.
Con información de: CD
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