Internacional
Seis exfuncionarios del gobierno puertoriqueño detenidos por corrupción

Seis personas, incluida la antigua secretaria de educación de Puerto Rico, fueron arrestadas en una amplia investigación de corrupción en la que se afirma que dirigieron los fondos federales a contratistas no calificados y con conexiones políticas, dijeron el miércoles funcionarios federales.
El FBI, arrestó a la exsecretaria de educación Julia Keleher, la exjefa de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ángela Ávila-Marrero; los empresarios Fernando Scherrer-Caillet y Alberto Velázquez-Piñol, y los contratistas de educación Glenda E. Ponce-Mendoza y Mayra Ponce-Mendoza.
«Se alegó que los acusados participaron en una campaña de corrupción pública y se beneficiaron a costa de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños», dijo Neil Sánchez, el agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Sur del Departamento de Educación de los EE. UU. una conferencia de prensa el miércoles.

Seis exfuncionarios del gobierno puertoriqueño detenidos por corrupción. Foto: fuentes.
Nuevo nivel de corrupción pública en la isla
«Este tipo de corrupción es particularmente grave porque no solo victimiza a los contribuyentes, también victimiza a los ciudadanos y estudiantes que necesitan asistencia educativa».
El presunto fraude involucró 15.5 millones de dólares en dinero federal gastado entre 2017 y 2019. El departamento de educación de Keleher gastó alrededor de 13 millones de dólares durante sus dos años como secretaria.
La administración de seguros gastó otros 2.5 millones de dólares cuando Ávila-Marrero dirigió la agencia.
Los funcionarios dijeron que Velázques Piñol utilizó ilegalmente dinero federal para pagar el cabildeo, y usó indebidamente contactos en las agencias de seguros de salud y educación para obtener contratos. Ponce-Mendoza trabajó como asistente de Keleher; Tanto ella como su hermana eran amigas de la antigua secretaria.
Keleher dirigía la operación de desfalco
Keleher está acusada de dirigir los contratos hacia sus amigos sin pasar por los procedimientos regulares.
«Es una pena porque hay mucho que hacer para Puerto Rico y las personas acusadas aquí se beneficiaron de esto, buscaron beneficiar sus propios intereses personales y pensaron que no podían ayudar o que estaban en condiciones de ayudar a Puerto Rico», dijo Rosa Emilia Rodriguez, la fiscal estadounidense para Puerto Rico.
Los funcionarios dijeron que no había pruebas de que Keleher o Ávila-Marrero se beneficiaran del plan.
Gobernador de Puerto Rico opinó sobre el caso
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, no estuvo involucrado en la investigación.
Regresaba de sus vacaciones en Europa para reunirse con los legisladores sobre la investigación.
En un tweet, dijo que «las acusaciones contra las personas arrestadas hoy son una vergüenza».
Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy, son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades. Nadie está por encima de la ley. Todo el que falle debe afrontar las consecuencias.
— Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 10, 2019
El mandato de Keleher como secretaria de educación del territorio de la isla se vio empañada por las críticas sobre su propuesta de expansión de las escuelas autónomas y el cierre de cientos de escuelas después del huracán María.
Con información de: ACN|FoxNews|AP🇺🇸
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Internacional
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.
El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.
El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.
Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas
El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.
Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.
La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.
Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.
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