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Entró en vigencia medida que ayudará a cientos de inmigrantes indocumentados en EE. UU.

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Este lunes 19 de agosto entró en vigencia la medida Keeping Families Together (Manteniendo a las Familias Unidas), que podría beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) describe la medida como «un paso clave para cumplir el compromiso del presidente Biden de promover la unidad familiar en el sistema de inmigración».

Biden dio a conocer el programa en junio. Es una de las mayores ayudas del Gobierno federal para inmigrantes indocumentados desde el programa DACA.

¿De qué se trata la nueva medida?

La medida permite que ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses soliciten el permiso de permanencia temporal. Así, posteriormente, puedan pedir la residencia permanente sin salir de EE.UU.

El permiso de permanencia temporal, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), permite a ciertos no ciudadanos estar en Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias o de beneficio público. Solo los no ciudadanos presentes en el país sin haber sido admitidos pueden ser considerados para este permiso.

Si a las personas se les concede ese permiso de permanencia personal, pueden solicitar «ajustar su estatus» al de residente permanente legal sin salir del país, explica USCIS. La residencia legal permanente, comúnmente conocida como la obtención de una tarjeta verde o ‘green card’, permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

En específico, la medida proporcionará estatus legal y protección a unas 500.000 familias estadounidenses y a unos 50.000 hijos de inmigrantes menores de 21 años que no tengan ciudadanía y cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense, declaró un alto funcionario del Gobierno de Biden.

En otras palabras, la acción ejecutiva podría beneficiar hasta a 550.000 personas, según el Instituto de Política Migratoria.

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¿Cuál es la diferencia con la ley federal para los inmigrantes?

Según la legislación federal hasta ahora, una persona indocumentada que entra en Estados Unidos y se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría obligarlas a abandonar el país. Poniendo así en peligro sus carreras y familias, y creando incertidumbre sobre si estarían autorizados a volver a entrar.

Por el contrario, la medida de este lunes permite a esos cónyuges indocumentados solicitar la residencia sin necesidad de salir de Estados Unidos. Un cambio clave que, según el Gobierno federal, mantendrá intactas a las familias.

Expertos en inmigración señalan que las personas a las que se dirige la medida ya cumplen los requisitos para obtener la ‘green card’ debido a su estado civil, pero ahora pueden solicitarla dentro de Estados Unidos. Anteriormente, las personas tenían que solicitarla desde fuera del país. Y si habían estado en él ilegalmente, debían permanecer fuera de EE.UU. durante 10 años.

El mantener a las familias unidas es un punto con el que la actual campaña de Biden se ha buscado distanciar de Donald Trump en materia de inmigración.

«Las familias deben estar unidas, así de sencillo. Es por eso que las acciones del presidente Biden hoy son tan importantes, y también es un poderoso recordatorio contundente del legado imperdonable de Donald Trump de arrancar a los niños en llanto de sus padres cuando puso en marcha su política de separación familiar», dijo la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado.

¿Quién es elegible y cuándo se podrá aplicar?

Para poder ser elegible para la nueva medida, la persona debe haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Estar legalmente casada con un ciudadano estadounidense, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

En otras palabras, la acción ejecutiva beneficiar a cónyuges que llegaron al país norteamericano antes del 17 de junio de 2024. Quienes, además de estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense, no deben representar una amenaza para Estados Unidos. Deben además, cumplir con todos los trámites que serán publicados en fecha próxima en el Registro Federal.

Con información de: ACNN

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Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»

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Amenaza de Trump a Harvard se debió a un "error"
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Funcionarios del gobierno de EE.UU., creen que la amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error» tras el envío de una carta. La referida misiva que desencadenó un conflicto con la Universidad de Harvard, pudo haber sido enviada por error. Así lo informó  The New York Times (NYT), citando a fuentes con conocimiento de la cuestión.

La Casa Blanca envió la semana pasada un correo electrónico a la prestigiosa institución con una «lista actualizada y ampliada de demandas». Esto en respuesta a una ola de protestas propalestinas que se han desarrollado en los campus universitarios del país. En ella, se advertía a Harvard que se debían cumplir con estas exigencias para mantener el apoyo financiero del Estado.

La comunicación estaba firmada por Sean Keveney, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del grupo de trabajo sobre antisemitismo. No obstante, poco después de su envío un funcionario se comunicó con Harvard. Este le informó a la institución que se trataba de una carta «no autorizada» y que no debía haberse enviado, según dijeron las fuentes al NYT.

Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»: contradicciones internas

Aún no está del todo claro dentro de la Administración por qué se decidió mandar la carta. De acuerdo con las fuentes, un grupo de funcionarios sostiene que se había enviado prematuramente. Mientras que otro afirma que era únicamente para circulación interna.

La institución rechazó las demandas, tachándolas de «excesivas e ilegales». Ante la negativa, el Gobierno retiró la financiación federal a la universidad. Asimismo, anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales asignados.

Por su parte, May Mailman, estratega política principal de la Casa Blanca, culpó a la universidad por no revisar el documento antes de hacerlo público. Acusó además a la institución de «emprender una campaña de victimización«.

En tanto, Harvard rechazó esta crítica, afirmando que la carta llevaba firmas federales oficiales. «Fue firmada por tres funcionarios federales, con membrete oficial, desde el buzón de un alto funcionario federal», precisó la institución.

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