Internacional
Entró en vigencia medida que ayudará a cientos de inmigrantes indocumentados en EE. UU.
Este lunes 19 de agosto entró en vigencia la medida Keeping Families Together (Manteniendo a las Familias Unidas), que podría beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) describe la medida como «un paso clave para cumplir el compromiso del presidente Biden de promover la unidad familiar en el sistema de inmigración».
Biden dio a conocer el programa en junio. Es una de las mayores ayudas del Gobierno federal para inmigrantes indocumentados desde el programa DACA.
¿De qué se trata la nueva medida?
La medida permite que ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses soliciten el permiso de permanencia temporal. Así, posteriormente, puedan pedir la residencia permanente sin salir de EE.UU.
El permiso de permanencia temporal, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), permite a ciertos no ciudadanos estar en Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias o de beneficio público. Solo los no ciudadanos presentes en el país sin haber sido admitidos pueden ser considerados para este permiso.
Si a las personas se les concede ese permiso de permanencia personal, pueden solicitar «ajustar su estatus» al de residente permanente legal sin salir del país, explica USCIS. La residencia legal permanente, comúnmente conocida como la obtención de una tarjeta verde o ‘green card’, permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
En específico, la medida proporcionará estatus legal y protección a unas 500.000 familias estadounidenses y a unos 50.000 hijos de inmigrantes menores de 21 años que no tengan ciudadanía y cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense, declaró un alto funcionario del Gobierno de Biden.
En otras palabras, la acción ejecutiva podría beneficiar hasta a 550.000 personas, según el Instituto de Política Migratoria.
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¿Cuál es la diferencia con la ley federal para los inmigrantes?
Según la legislación federal hasta ahora, una persona indocumentada que entra en Estados Unidos y se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría obligarlas a abandonar el país. Poniendo así en peligro sus carreras y familias, y creando incertidumbre sobre si estarían autorizados a volver a entrar.
Por el contrario, la medida de este lunes permite a esos cónyuges indocumentados solicitar la residencia sin necesidad de salir de Estados Unidos. Un cambio clave que, según el Gobierno federal, mantendrá intactas a las familias.
Expertos en inmigración señalan que las personas a las que se dirige la medida ya cumplen los requisitos para obtener la ‘green card’ debido a su estado civil, pero ahora pueden solicitarla dentro de Estados Unidos. Anteriormente, las personas tenían que solicitarla desde fuera del país. Y si habían estado en él ilegalmente, debían permanecer fuera de EE.UU. durante 10 años.
El mantener a las familias unidas es un punto con el que la actual campaña de Biden se ha buscado distanciar de Donald Trump en materia de inmigración.
«Las familias deben estar unidas, así de sencillo. Es por eso que las acciones del presidente Biden hoy son tan importantes, y también es un poderoso recordatorio contundente del legado imperdonable de Donald Trump de arrancar a los niños en llanto de sus padres cuando puso en marcha su política de separación familiar», dijo la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado.
¿Quién es elegible y cuándo se podrá aplicar?
Para poder ser elegible para la nueva medida, la persona debe haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Estar legalmente casada con un ciudadano estadounidense, según una hoja informativa de la Casa Blanca.
En otras palabras, la acción ejecutiva beneficiar a cónyuges que llegaron al país norteamericano antes del 17 de junio de 2024. Quienes, además de estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense, no deben representar una amenaza para Estados Unidos. Deben además, cumplir con todos los trámites que serán publicados en fecha próxima en el Registro Federal.
Con información de: ACNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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