Un juez pidió explicaciones a Donald Trump sobre las deportaciones masivas de venezolanos a cárceles de El Salvador bajo la ley 1798. Que establece que el presidente puede encarcelar y deportar a los no ciudadanos que considere peligrosos o provengan de un país hostil. Venezuela, por su parte, emitió “alerta de viaje” a los nacionales que vayan o hagan escala en ese país norteamericano.

La escalada de Donald Trump contra la inmigración indocumentada amenaza con un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el poder judicial.

La Justicia pide explicaciones después de que 261 venezolanos indocumentados fueran deportados a cárceles de El Salvador. Pese a la orden del juez James Boasberg, presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Emitida el pasado sábado 15 de marzo en la que estableció una prohibición de dos semanas de las expulsiones

El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional Robert Cerna respondió este martes 18 de marzo, defendiendo la medida. Cerna admitió que tres aviones con deportados partieron hacia El Salvador el pasado sábado 15 de marzo. E indicó que se produjeron después de que la orden de Trump se publicara en el sitio web de la Casa Blanca esa tarde.

Según Cerna, solo uno de esos vuelos partió después de que la prohibición de dos semanas de Boasberg llegara a los tribunales públicos a las 7:25 p.m. del sábado. Escribió en una declaración jurada. Asimismo, aseguró que todos los que iban a bordo de ese avión tenían órdenes de expulsión distintas. Por lo que no fueron deportados únicamente en virtud de la Ley de Extranjeros Enemigos, aprobada en 1798.

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Juez pidió explicaciones a Donald Trump…

Los abogados de Trump ya argumentaron anteriormente que la autoridad del tribunal en la materia es limitada. Alimentando la preocupación de que el presidente republicano amplíe aún más los límites del poder ejecutivo y establezca un posible choque constitucional con el poder judicial.

Así, el juez tenía la intención que los letrados del Departamento de Justicia de Estados Unidos respondiesen a las preguntas formuladas por el juez Boasberg en torno a estos vuelos a centros penitenciarios de El Salvador, sobre la proclama de una ley de 1798, solamente utilizada en tiempos de guerra y que declara que el máximo mandatario del país está autorizado a deportar o encarcelar a no ciudadanos o cuya nacionalidad sea de un país considerado hostil.

Trump declaró en su red social, Truth Social, que el juez del caso debe ser destituido y que está en el cargo porque le eligió.

De hecho, Trump afirma que la banda venezolana Tren de Aragua libra una guerra irregular contra el país que preside, razón que le da potestad para –presuntamente– deportar y encarcelar a personas de esa misma nacionalidad. Ante la falta de pruebas que ha aportado hasta el momento la misma administración, el juez pide explicaciones y da un plazo que finaliza en el mismo día de hoy.

Sigue los vuelos

Mientras el juez Boasberg estudiaba ayer en una audiencia la legalidad de la orden de expulsión, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador. Según una investigación de The Washington Post.

La misma investigación revela que el mismo día y horas después partió un tercer vuelo apenas minutos después de que el juez Boasberg ordenara –verbalmente y por escrito– que los aviones regresaran a Estados Unidos hasta que se resolviera el litigio.

No todos son del Tren de Aragua

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y Democracy Forward representan en el caso a cinco venezolanos que estaban bajo custodia de EE. UU. y que alegan haber sido acusados falsamente de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

Las proclamas de que se trata de inocentes deportados a cárceles salvadoreñas también llegan desde sus países de origen. Así, familiares de deportados protestaron este lunes en Maracaibo, capital del estado Zulia, para exigir que sean enviados a la nación caribeña y negaron que sean miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.

«Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo más pronto posible, porque ellos no son ningunos delincuentes, ni están vinculados con ningún Tren de Aragua, ni con nada, son muchachos deportistas, padres de familia». Explicó Rosliany Camayo, esposa de Ringo Rincón, quien vivía en Dallas desde hace un año y medio. “Se los llevaron sin preguntarles nada, solo por los tatuajes”. Dijo.

ACN/MAS/AFP

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