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Economía

José Guerra: El pago de la deuda de Venezuela traerá más escasez

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El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que a costa de las importaciones de productos básicos, Venezuela pagará a tiempo los más de 3.500 millones de dólares de deuda que le corresponde abonar entre octubre y noviembre de este año, pero se acentuará el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento y académico, recordó en una entrevista a Efe, que parte de los vencimientos que vienen son en concepto de capital, para los que no hay período de gracia y que el Estado debe pagar a tiempo para no entrar en suspensión de pagos.

“El Gobierno va a seguir con la política que tuvo en 2016 de pagar la deuda sacrificando las importaciones y eso es la escasez, eso es la carestía, las carencias que vemos en los productos fundamentales, medicinas y alimentos”, dijo el diputado opositor desde su escaño en la Cámara.

El Gobierno Nacional que tiene desde 2002 el monopolio legal de la venta de divisas, lleva desde finales de agosto sin adjudicar dólares a las empresas privadas que importan productos, debido, según el legislador, a que “todo lo que entra lo están apartando” para pagar la deuda.

La interrupción de las subastas de divisas a través del sistema Dicom -a una tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) de 3.345 bolívares el dólar- se debe, según el Gobierno, a las sanciones financieras impuestas en agosto por los Estados Unidos al Ejecutivo por su supuesta deriva totalitaria.

Dificultades administrativas provocadas por estas sanciones podrían ser la causa de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se retrasara este mes en el pago de unos bonos, que al ser en concepto de intereses tienen un período de gracia de 30 días.

El Gobierno no ha podido endeudarse directamente en lo que va de año al no contar con el aval de la Asamblea Nacional, que a través de distintos órganos alineados con el oficialismo lo ha despojado de sus funciones legislativas y de control desde que tomara posesión la mayoría absoluta opositora surgida de los comicios de diciembre de 2015.

“El artículo 312 de la Constitución establece que para que haya endeudamiento tiene que ser aprobado por una ley del Parlamento”, afirma Guerra, que vaticina que “no va a haber financiamiento de dinero fresco del mercado financiero” si el Gobierno sigue sin presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante el legislativo.

El diputado, que tiene a sus espaldas una larga trayectoria en el BCV, explica que “los bancos internacionales y los fondos de inversión no están dispuestos a comprar una deuda” que no cumpla todas las exigencias legales.

En este sentido, el Parlamento ha llevado a cabo una intensa labor internacional para dejar clara esta circunstancia a los posibles compradores de deuda venezolana y evitar así un endeudamiento cuya finalidad y condiciones no aprueba la oposición.

Una solución para sortear este control parlamentario exigido por la ley podría haber sido la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo, que en una de sus primeras decisiones se arrogó las atribuciones legislativas del Parlamento.

No obstante, buena parte de la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de este suprapoder.

En esta situación, a Venezuela le quedan los préstamos de Rusia y China a PDVSA y otros mecanismos no sujetos a la aprobación del Parlamento, pero Guerra duda del músculo económico de Moscú para satisfacer las necesidades de Caracas, y no ve al gigante asiático dispuesto a continuar aportándole capital.

El economista alerta de que el año que viene el país debe afrontar pagos externos que corresponden a “casi la mitad del ingreso petrolero” de Venezuela, mucho mayores que los de este final de 2017, y el Estado deberá seguir sacrificando importaciones y “vender el oro” de unas reservas que ya llevan mucho tiempo cayendo.

Fuente: El Universal

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Economía

Expertos analizan el impacto de la morosidad en los condominios

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El aumento de la inflación y la morosidad en los condominios venezolanos ha generado preocupación. Según el diagnóstico presentado por Elías Santana, el 51% de los condominios están en alerta amarilla y el 7% podría colapsar este año.

Santana enfatizó la importancia de la transparencia en la administración de los condominios y recomendó analizar cada caso de morosidad de manera individual.

Por su parte, María Alejandra Parra destacó la necesidad de que los deudores busquen acuerdos de pago y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal permite una participación amplia en la gestión condominial.

Ante la crisis, los especialistas han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales especializados en convivencia y morosidad, así como la implementación de un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.

Sobre la responsabilidad que tienen los copropietarios con el pago del condominio, Parra puntualizó: «Aquí tenemos que tener una conciencia colectiva, un compromiso; si yo dejo de pagar la planilla de gastos comunes –los recibos del condominio- de manera directa está afectando mi calidad de vida».

Por lo tanto, es indispensable que las personas busquen una solución desde el punto de vista humano antes de tener que llegar a la cobranza extrajudicial o irse a la vía judicial con una demanda que traería como consecuencia que el inmueble deba ser rematado si el deudor no se pone a derecho.

Ante los gastos que acarrearían estas cobranzas, los entrevistadosles sugirieron a las juntas de condominio hacer estimaciones y tomar las debidas previsiones presupuestarias.

Explicaron además el rol que tienen ahora los Jueces de Paz y lo que esperan en materia legal.

«Lo que le pedimos al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es tribunales especializados en convivencia y morosidad, y juicios muy celeros y rotundos», afirmó Santana.

Para concluir, el especialista en condominios recalcó la necesidad de reforzar la educación ciudadana y que se apliquen las sanciones correspondientes.

«Necesitamos un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria: que es poner de acuerdo a las fiscalías municipales, a la defensoría, a las alcaldías, las gobernaciones y ahora a los 30 000 Jueces de Paz, y que a toda taquilla que tú vayas a plantear un tema de convivencia comunitaria, la respuesta sea la misma (…); eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, así como le pedimos a la banca, algo que
tú has planteado muchas veces, crédito para los condominios (…); necesitamos que el sector privado reaccione positivamente y ofrezca créditos para los condominios».

 

Con información de nota de prensa

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