Internacional
Hipótesis y acciones que han surgido tras secuestro de militar retirado venezolano

Como un presunto secuestro se conoció -en primera instancia- el hecho que afecta a Ronald Ojeda Moreno (32), militar retirado del Ejército venezolano que se encontraba en Chile en calidad de refugiado político, desde diciembre del año pasado. Horas después, el gobierno chileno lo confirmó como tal.
«Lo primero que quiero informar es que efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo es de conocimiento público, en la comuna de Independencia», dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Hipótesis del secuestro de venezolano en Chile
Entre que se conoció el hecho y fue ratificada la información, surgieron diversas hipótesis del secuestro de venezolano en Chile. Disidentes y opositores venezolanos, por ejemplo, apuntaron directamente al régimen de Nicolás Maduro y a su cuerpo de Inteligencia de estar detrás del secuestro.
Iván Simonovis, investigador criminal y expreso político venezolano, fue el primero en denunciar la desaparición de Ojeda Moreno y señaló a través de su cuenta de X que «en una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) se hicieron pasar por funcionarios de Inmigración de Chile y secuestraron al Tte. Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero».
A él se sumó Emanuel Figueroa, activista y también opositor a Maduro. «Régimen tiránico secuestra al Tte. Ronald Ojeda Moreno en su residencia en Chile. Se presume que cuerpos de Dgcim se hicieron pasar por inmigración para llevárselo de su residencia. Ya no solo secuestran inocentes en Venezuela, también en el exterior», señaló en redes sociales.
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En la misma línea se manifestó Tamara Suju, activista y abogada defensora de los derechos humanos. «En la madrugada de hoy fue secuestrado el Tte. Ronald Ojeda Moreno en su residencia en Chile, por un comando armado disfrazado de policía de inmigración cuya verdadera identidad se presume es al Dgcim en Venezuela», afirmó.
Tras lo anterior, Monsalve aseguró que el gobierno se hace cargo de todas las hipótesis posibles sobre el secuestro de Venezolano en Chile y «en ese contexto durante la mañana (del 21 de febrero) el gobierno ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros como a la PDI. También se ha solicitado levantar una alerta de Interpol, cuestión que ya se ha hecho, y en tercer lugar se ha pedido a través del Ministerio de Defensa reforzar los controles en las fronteras, en este caso a la Policía Marítima en los puertos, la DGAC en los aeropuertos y a los jefes de áreas fronterizas a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte», puntualizó.
Refugiado político
Luego de ello también surgieron distintas voces. El senador y titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Francisco Chahuán (RN), reconoció en conversación con Tele13 Radio que bajo la condición de refugiado político, deberían adoptarse resguardos sobre la persona: «Por lo menos alguna supervisión sí, a mi juicio, porque era entendido que era un tipo en una condición de refugiado. A lo menos monitoreo de esa condición».
Quien también se refirió fue el exministro de Defensa, Mario Desbordes. En diálogo con Radio Pauta calificó la situación como «confusa» e indicó que «a la comunidad venezolana le está empezando a pasar seguido, porque el delito que más ha aumentado es el de secuestro extorsivo».
«He leído harta declaración y harto comentario, pero poniendo la pelota al piso, si fuera así, que el régimen de Maduro tiene algo que ver, es muy grave y habría que tomar medidas severas con la relación que tenemos con Maduro», remarcó.
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Piden seguridad
El gobierno -que mantuvo algunas reuniones en la semana con diversas autoridades a fin de evaluar los antecedentes y actualizar las medidas de apoyo para la labor investigativa de la Fiscalía- informó, por su parte, que no se ha puesto en contacto con el régimen de Maduro. Ahora bien, el subsecretario Monsalve expuso que la administración del presidente Gabriel Boric, «como en otros casos, delitos graves, como ustedes saben en materia de homicidios, también en materia de secuestros, ha decidido querellarse».
Por otro lado, está la solicitud del partido de la exdiputada María Corina Machado en Chile. En concreto, la representación en Chile de Vente Venezuela hizo un llamado a las autoridades nacionales a «garantizar la seguridad» de los venezolanos en el país, luego del secuestro del militar retirado.
«Hacemos un llamado al gobierno de Chile a garantizar la seguridad de los compatriotas venezolanos en estatus migratorio de refugiados y asilados en Chile, ante la preocupación de sus familiares por recientes hechos», afirmó la colectividad en un comunicado.
Agregó que «al mismo tiempo repudiamos la violencia y persecución política a la comunidad venezolana venga de donde venga» y «exhortamos al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General y a los cuerpos de seguridad del Estado chileno a dar celeridad en las investigaciones para transparentar dicho caso, y dar con el paradero del exoficial».
Quien también abordó la situación y generó cuestionamientos de parlamentarios chilenos, fue el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que descartó el jueves la teoría de que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás del secuestro.
En su programa Con el mazo dando, Cabello ironizó con esa hipótesis y cuestionó al detective criminalista Iván Simonovis: «Por ahí anda una versión que descubrió Simonovis (…) Él dice que, escuchen estas historias, que un comando de la Dgcim fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró», acotó.
Con información de ACN/el nacional
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Internacional
Extraditan a Estados Unidos uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscado por las autoridades

Extraditaron al narcotraficante guatemalteco Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, señalado como uno de los más importantes de Centroamérica y pieza clave en el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.
La entrega del presunto capo la confirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien destacó la cooperación trilateral entre Guatemala, México y Estados Unidos.
A Samayoa lo capturaron el pasado 11 de marzo en territorio mexicano, como resultado de una operación conjunta entre las agencias de seguridad de los tres países.
“Ha sido ya deportado hacia los Estados Unidos (…) para enfrentar la justicia por los cargos de narcotráfico”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. Arévalo también expresó su expectativa de que el detenido colabore con la justicia norteamericana. “Esperamos que pueda compartir muchísima información que seguramente servirá para continuar luchando contra este flagelo”.
Deportado capo guatemalteco a EEUU
Según el Ministerio de Gobernación, Samayoa era el jefe máximo del cartel guatemalteco Los Huistas, una organización criminal con raíces en Huehuetenango, departamento fronterizo con México.
Desde allí habría coordinado el tráfico de toneladas de cocaína con destino a los principales cárteles mexicanos.
La Fiscalía guatemalteca detalló que el extraditado era requerido por la Corte del Distrito de Columbia por el delito de conspiración para traficar drogas a gran escala.
La extradición más importante en décadas
La embajada de Estados Unidos, por su parte, calificó la entrega como “la extradición más importante en décadas” y confirmó que Samayoa ya está bajo custodia federal en su territorio.
En 2022, Estados Unidos había sancionado económicamente a varios miembros de Los Huistas, lo que aumentó la presión internacional sobre el grupo y su líder.
Las autoridades estadounidenses estiman que cerca del 90% de la cocaína que llega a su país transita por corredores que incluyen Centroamérica y México.
En este esquema, organizaciones como Los Huistas juegan un papel fundamental como intermediarios entre los productores sudamericanos y los cárteles mexicanos que distribuyen la droga hacia el norte.
El tráfico de estupefacientes, sumado al lavado de dinero y al control territorial ejercido por estas redes, está considerando como uno de los principales factores detrás del aumento de la violencia criminal en la región centroamericana.
Con información de: RCN
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