La eventual denuncia de uno o más países de la Organización de Estados Americanos (OEA); contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad; no abriría automáticamente una investigación, explicaron hoy fuentes de la Fiscalía.

Un panel de expertos de la OEA hizo público la semana pasada; un informe señalando supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y en sus conclusiones instó al secretario general de ese organismo, Luis Almagro; y a sus países miembros a que remitieran el documento a la CPI.

En una entrevista reciente; aseguró que cuatro países ya han mostrado interés en seguir sus pasos y denunciar directamente a Venezuela; siendo uno de ellos Chile, lo que activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI.

Anteriormente se ha utilizado esta acción

Ese artículo ha sido utilizado anteriormente por Uganda; la República Democrática del Congo; Mali y la República Centroafricana, para investigaciones en sus propios territorios; pues no se veían con los medios suficientes para procesar en su jurisdicción nacional; a sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Sin embargo, en los 16 años de historia de la CPI; no existen precedentes de que un Estado Parte haya activado dicho artículo para denunciar supuestos delitos cometidos en un tercer país.

Si eso ocurriera con Venezuela; se abriría casi automáticamente una investigación, así lo aseguró el exfiscal del tribunal, Luis Moreno Ocampo; que asesoró a Almagro al principio de las audiencias celebradas en la OEA.

Al ser una corte de último recurso; ese examen preliminar analiza cuestiones como la complementariedad del caso, comprobar si la Justicia venezolana ha hecho investigaciones genuinas sobre los hechos denunciados; su gravedad o si los delitos entran en su jurisdicción. Todos esos pasos deben ser llevados a cabo por la Fiscalía; por lo que la denuncia directa de un país de la OEA a Venezuela no cambia nada de eso, indicaron fuentes.

Lo único que sería diferente desde el punto de vista legal es que; si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar la investigación formal; podría hacerlo directamente sin pedirle autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares.

En caso de que no existiera la denuncia directa de un Estado Parte, la Fiscalía tendría que solicitar dicho permiso a los jueces.

El informe de expertos de la OEA remitido por Almagro se incorporará a otras denuncias recibidas en La Haya por la situación en el país; como las hechas por la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, o por un grupo de senadores de Colombia y Chile.

El examen preliminar actual no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.