Internacional
Estados Unidos sancionó a expresidenta de Argentina Cristina Kirchne por corrupción

Estados Unidos sancionó este viernes 21 de marzo a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y su exministro de planificación, Julio Vido. Los acusa de estar implicados en casos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
La medida anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, implica la prohibición de entrada a Estados Unidos a ambos funcionarios. Así como también a sus familiares. En el caso de la exmandataria, la orden afectaría también a sus hijos Máximo y Florencia.
«CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, minando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina», señala el comunicado.
Sancionan a Cristina Kirchne
Se trata de la primera vez que un gobierno de EE.UU. sanciona a un exmandatario argentino por sus causas de corrupción. Un hecho que ocurre en un contexto donde el presidente Javier Milei goza de la más alta estima por parte de su homólogo Donald Trump, quien lo considera un modelo en la región.
Rubio informó en el comunicado que Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio.
“Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno», resaltó Rubio.
A la exmandataria argentina la condenaron a seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por la Cámara Federal de Casación Penal argentina. Fernández estaría incursa en irregularidades en la concesión de 51 obras viales.
Con información de: BBC
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Internacional
Panamá suspende garantías constitucionales por fuertes protestas y disturbios

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, ha anunciado la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» durante cinco días en la provincia caribeña de Bocas del Toro –fronteriza con Costa Rica– ante las protestas en la zona que han dado lugar saqueos de comercios y el bloqueo de carreteras, unos disturbios provocados en respuesta a la reforma de pensiones aprobada en marzo.
«Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños. Es por ello que el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden», ha declarado en rueda de prensa Orillac.
Ya el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advertía de una reunión en la que se valoraría «tomar acciones constitucionales» en la provincia donde se han registrado ataques contra edificios públicos, comercios e incluso el aeropuerto de la región.
La Policía de Panamá ha implementado la operación Omega
Las protestas comenzaron en el mes de abril y el Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado 27 de mayo. Asimismo, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos, para hacer frente a esta oleada de protestas cuyo objetivo es «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.
Esta misma semana el Gobierno ha aprobado una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria bananera gracias a la cual se habían conseguido acabar con ciertos bloqueos, sin embargo, otros sectores como los educadores y grupos indígenas han liderado estas nuevas protestas y han vuelto a ocupar las calles de la región, según informa el diario ‘El Siglo’.
«Los ministros de Comercio e Industria y de Trabajo dialogaron con los trabajadores y representantes sindicales del sector bananero durante aproximadamente tres semanas, adquiriendo el compromiso de presentar un proyecto de ley propuesto por el sector con la condición de reabrir las vías de manera total», ha aseverado el ministro de la Presidencia.
Con información de: ACN/ EUROPA PRESS
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