Internacional
EEUU deja a Venezuela, Cuba y Nicaragua en «lista negra» de tráfico de personas

El Gobierno de Estados Unidos, EEUU deja a Venezuela en «lista negra» de tráfico de personas, al igual que a Cuba y Nicaragua al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno; que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022; donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la «lista negra»; como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
EEUU deja a Venezuela en «lista negra»…
De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela; al señalar que «no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo».
EE.UU. apunta que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que se refiere en su informe como «régimen», no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno; ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano «continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad»; dice el texto.
Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los «esfuerzos suficientes» para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales»; atiza.
Cuba con algunos pasos
Sobre Cuba, el reporte indica que, «pese a la falta de esfuerzos significativos», el Gobierno de la isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas; como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una «política del Gobierno o patrón de beneficio» de los programas de exportación de trabajadores «con fuertes indicios» de trabajo forzoso.
En este punto, el Gobierno de EE.UU. menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana «siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas»; sin abordar «violaciones laborales y delitos de tráfico».
En ese sentido, destaca «el creciente número de alegaciones» por parte de ONG; exparticipantes en esas misiones y Gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos «abusos».
EE.UU. acusa a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
Asegura que el Gobierno cubano no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos; al igual que en los últimos cinco años, EE.UU. afirma que los traficantes de personas «explotan» a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba.
Nicaragua «ha minimizado» la gravedad
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha «minimizado» la gravedad de este fenómeno; pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
En concreto, EE.UU. señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios; ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró «nimios» los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo «una preocupación grave».
EE.UU. se hace eco en el texto de las denuncias de grupos de la sociedad civil de un aumento de casos de trata de personas durante la pandemia.
El reporte indica que Nicaragua no ha informado de ninguna investigación; enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en «ofensas de tráfico» de seres humanos, pese «a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios», ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
EE.UU. apunta que «observadores» han cuestionado la validad de que el Ejecutivo nicaragüense documente el tráfico de personas; citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos «observadores» han apuntado que el Gobierno «oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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