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Una treintena de exlíderes iberoamericanos pide a la CPI «detención inmediata» de Maduro

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Detención inmediata de Nicolás Maduro - Agencia Carabobeña de Noticias
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Detención inmediata de Nicolás Maduro pide una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes 6 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al igual que su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.

«Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela», dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.

«Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero», destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.

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Detención inmediata de Nicolás Maduro…

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de «terrorismo de Estado».

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.

En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.

Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.

En contra de una ley de 2020

El «núcleo» del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.

«Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar», señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es «directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional», así como los demás cargos, ya que «la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones».

«Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República», sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir «evidencias, pruebas, respaldo legal» para que pueda actuar «rápido» en la causa contra Venezuela.

En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso «llamar la atención de lo que estaba pasando» en el país y de la «preocupación» por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es «muy frágil», así como de los «más de 1.200 detenidos políticos».

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Dueño de la discoteca Jet Set pagó fianza de más de medio millón de dólares y salió libre (+Video)

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El empresario dominicano Antonio Espaillat -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía / Video Youtube
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El empresario dominicano Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set cuyo desplome del techo causó 236 muertes y más de 180 heridos el 8 de abril pasado, salió este viernes en libertad tras el pago de una fianza de 50 millones de pesos (unos 850 mil dólares).

Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin ofrecer declaraciones a los medios, tras la fianza que le impuso un tribunal la madrugada del jueves, al igual que a su hermana Maribel. Ambos acusados de homicidio involuntario por el Ministerio Público, organismo que apelará la decisión.

A los hermanos también se les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses para Espaillat y arresto domiciliario para su hermana.

La tragedia se produjo mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

«Ha sido una decisión triste, para no decir horrible»

El abogado Ángel Lockward, quien representa a varios de los familiares de los fallecidos, dijo que el país está «airado» por la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Servicios Judiciales Permanente del Distrito Nacional.

«Ha sido una decisión triste, para no decir horrible. El tribunal uso su poder discrecional de la manera más negativa para las víctimas al imponer una fianza que, si hubiera sido más proporcional, quizás habría generado menos protestas, menos estupor», dijo el abogado.

Decenas de acciones legales han sido presentadas por los familiares de los fallecidos y sobrevivientes de la tragedia.

Según la investigación del Ministerio Público, «durante años» Jet Set «operó con una sistemática. Además de grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Con información de: ACN/NT/DPD

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