Internacional
Una treintena de exlíderes iberoamericanos pide a la CPI «detención inmediata» de Maduro

Detención inmediata de Nicolás Maduro pide una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes 6 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al igual que su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
«Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela», dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.
Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
«Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero», destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.
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Detención inmediata de Nicolás Maduro…
Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de «terrorismo de Estado».
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.
En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
En contra de una ley de 2020
El «núcleo» del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.
«Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar», señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es «directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional», así como los demás cargos, ya que «la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones».
«Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República», sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir «evidencias, pruebas, respaldo legal» para que pueda actuar «rápido» en la causa contra Venezuela.
En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso «llamar la atención de lo que estaba pasando» en el país y de la «preocupación» por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es «muy frágil», así como de los «más de 1.200 detenidos políticos».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»

Funcionarios del gobierno de EE.UU., creen que la amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error» tras el envío de una carta. La referida misiva que desencadenó un conflicto con la Universidad de Harvard, pudo haber sido enviada por error. Así lo informó The New York Times (NYT), citando a fuentes con conocimiento de la cuestión.
La Casa Blanca envió la semana pasada un correo electrónico a la prestigiosa institución con una «lista actualizada y ampliada de demandas». Esto en respuesta a una ola de protestas propalestinas que se han desarrollado en los campus universitarios del país. En ella, se advertía a Harvard que se debían cumplir con estas exigencias para mantener el apoyo financiero del Estado.
La comunicación estaba firmada por Sean Keveney, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del grupo de trabajo sobre antisemitismo. No obstante, poco después de su envío un funcionario se comunicó con Harvard. Este le informó a la institución que se trataba de una carta «no autorizada» y que no debía haberse enviado, según dijeron las fuentes al NYT.
Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»: contradicciones internas
Aún no está del todo claro dentro de la Administración por qué se decidió mandar la carta. De acuerdo con las fuentes, un grupo de funcionarios sostiene que se había enviado prematuramente. Mientras que otro afirma que era únicamente para circulación interna.
La institución rechazó las demandas, tachándolas de «excesivas e ilegales». Ante la negativa, el Gobierno retiró la financiación federal a la universidad. Asimismo, anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales asignados.
Por su parte, May Mailman, estratega política principal de la Casa Blanca, culpó a la universidad por no revisar el documento antes de hacerlo público. Acusó además a la institución de «emprender una campaña de victimización«.
En tanto, Harvard rechazó esta crítica, afirmando que la carta llevaba firmas federales oficiales. «Fue firmada por tres funcionarios federales, con membrete oficial, desde el buzón de un alto funcionario federal», precisó la institución.
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