Nacional
Destruyen los pasadizos de los colectivos hacia Colombia
La Policía Nacional de Colombia acabó con el oscuro negocio con los que los colectivos, el ELN y contrabandistas extorsionaban en la frontera.
Destruyeron decenas de puentes improvisados y pasadizos que controlaban los irregulares para extorsionar a los venezolanos que necesitaban cruzar a Colombia para adquirir medicinas y alimentos.
Desde el pasado mes de febrero cuando el régimen de Maduro decidió cerrar los puentes, los delincuentes montaron un lucrativo comercio. Todo aquel que necesitaba solventar una necesidad perentoria en Colombia tenía que pagar.
Las trochas o pasos clandestinos comenzaron a ser controlados por grupos irregulares. Sin embargo, la presión popular y las multitudes terminaron por hacer ineficaz el cierre fronterizo. A diario miles de personas cruzaban el río Táchira mientras arriesgaban sus vidas.
A pesar de las denuncias de los organismos multilaterales y de organizaciones civiles, el gobierno venezolano mantuvo cerrados los puentes con contenedores llenos de piedras, tierra y arena.
Tras la destrucción de los improvisados puentes, la Policía Nacional de Colombia detuvo a 200 personas cuando intentaban arribar a territorio colombiano. Los obligaron a regresarse.
Pasadizos criminales
Los pasos ilegales de La Parada, Villa del Rosario y El Escobal fueron tomados por la policía. Allí se apostaron alrededor de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
El coronel José Palomino, comandante de PoliCúcuta, indicó a los que intentaban ingresar a Colombia que no podían hacerlo. Les recomendó usar los puentes fronterizos de San Antonio y Ureña.
Tales puentes fueron abiertos desde el pasado sábado aunque los parapetos que instalaron las autoridades venezolanas permanecen sobre la estructura. Sólo se permite el paso peatonal.
Los venezolanos que quieran entrar a Colombia deben tener la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Respecto a los colectivos y delincuentes que controlan las trochas se desconoce su situación.
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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