Nacional
Encarcelan a empresario por desfalco en Faja Petrolífera del Orinoco
Por su presunta participación en desfalco en Faja Petrolífera del Orinoco, el Ministerio Público solicitó privativa de libertad para Massimo Giuseppe Decaro Prado.
El requerimiento se debe por su presunta vinculación con el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco entre los años 2010 y 2016.
La detención de Massimo Giuseppe Decaro Prado se produjo en el marco de la investigación que adelanta el Ministerio Público por contrataciones fraudulentas en la faja; y que fue hecha pública el 31 de agosto de 2017.
Por su relación con este caso se encuentra acusado Carlos Esteban Urbano Fermín, el gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca); y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
De acuerdo con las labores de investigación, el hoy privado de libertad manejaba altas sumas de divisas.
Tras pesquisas telefónicas lo involucran como presunto testaferro del gerente general de Cuferca y de sus hermanos Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano Fermín; los cuales tienen orden de aprehensión por la misma causa y se encuentran prófugos.
Implicado exgerente
A Decaro, además, se le vincula con el también imputado por cometer actos de corrupción en la Faja, Pietro Micale. Lo investigan por un desfalco a Pdvsa de aproximadamente 2 mil millones de dólares, con el apoyo del privado de libertad y exgerente de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León.
En ese grupo, igualmente, habrían participado contra el erario nacional Jonathan Marín; Patricia Mundaraín y Javier Rengel, quienes están prófugos de la justicia.
En vista de las evidencias recabadas, a Decaro lo detuvieron el pasado 3 de mayo, luego de una orden de aprehensión ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Privan a empresario
Las Fiscalías 11ª y 67ª nacional le imputaron al empresario los delitos de legitimación de capitales y asociación; previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La audiencia de presentación se efectuó ante el Tribunal 52º del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acordó la medida de privativa de libertad para Decaro Prado; quien está recluido en la sede del Dgcim, en Boleíta, municipio Sucre, estado Miranda.
ACN/MP/El Periodiquito
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Nacional
Familiares de venezolanos asesinados en protestas de 2017 piden justicia
Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela. La Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) lo exigió este viernes 26 de abril para que se aplique una “justicia genuina” para los casos de los ciudadanos que murieron hace años, al tiempo que denunciaron que el sistema judicial “relega a las víctimas y protege a los victimarios”.
“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, Sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”. Señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.
Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje”. Afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.
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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela
Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que “el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte. Y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos”.
La alianza sostuvo que, a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.
“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”. Apuntó.
A saber
- La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias de la Asamblea Nacional (AN), entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela.
ACN/MAS/EFE
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