Internacional
Brasil pidió suspender norma que limita derechos de venezolanos

El gobierno de Brasil pidió a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente una medida dictada por la administración regional de Roraima; estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios como la salud y la educación.
La suspensión fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU); el órgano de asesoría legal de la Presidencia; y que considera las restricciones inconstitucionales por negarle derechos fundamentales a los inmigrantes aceptados por Brasil; como la humanidad y la dignidad.
Cabe destacar que Roraima, el estado del norte de Brasil por el que entran todos los venezolanos que solicitan refugio en el país, publicó esta semana un decreto que restringe el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos.
Salud y educación de venezolanos en Brasil
El decreto de la gobernadora de Roraima, Suely Campos; determina que el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ofrecidos por el gobierno regional, como salud y educación; pasarán a control de las fuerzas de seguridad.
La medida establece que los venezolanos que busquen acceso al Hospital General de Roraima, la mayor unidad de emergencia de la región; sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.
Igualmente condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte; pese a que la gran mayoría no lo tiene; y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos.
En el mes de abril, la gobernadora de Roraima había solicitado a la Corte Suprema, el cierre provisional de la frontera de Brasil con Venezuela; para frenar y controlar la entrada de venezolanos ya que la gobernación alega que no tiene capacidad para atender esa demanda, debido a que este es el estado más pobre de Brasil.
ACN/EFE
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Internacional
Tribunal colombiano habría ordenado embargo de cuentas de empresas de Álex Saab

Medios internacionales informaron de un presunto embargo millonario a cuentas del empresario colombo-venezolano Álex Saab y a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.
Según informó el medio El Colombiano, un juzgado civil de Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos a las cuentas del también ministro de Industria venezolano, La decisión judicial incluye a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.
“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Morán y Cynthia Eugenia Certain Ospina”, ordena el fallo. El mismo limita la medida cautelar a una suma exacta de 831’249.994 pesos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito.
Embargos a cuentas de Saab
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias advirtió que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables. Y estos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, de acuerdo con el fallo.
Así mismo, ordenó que los dineros retenidos sean consignados en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
En mayo de 2024, un tribunal de primera instancia absolvió a Saab de varios cargos, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, alegando que existen pruebas suficientes que vinculan al empresario con la creación de compañías fachada para mover fondos ilícitos. Según el ente acusador, estas empresas mostraron un crecimiento inusual de 923% en sus movimientos financieros.
A comienzos de 2025, un juez ordenó devolverle a Saab una mansión ubicada en el norte de Barranquilla, incautada en 2021 por la Fiscalía. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la propiedad seguirá bajo su control hasta que emitan una sentencia definitiva.
Con información de: El Colombiano / El Nacional
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