La Asamblea Nacional, AN prepara una ley para proteger las pensiones ante el «bloqueo criminal» de EEUU., al aprobar este jueves 2 de mayo la creación de una ley propuesta por el Ejecutivo.

El proyecto de ley presentado ante el Legislativo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Quien señaló que la normativa contempla un «aporte especial» que deberán dar los empresarios para mejorar las pensiones, actualmente en 130 bolívares mensuales, unos 3,5 dólares al cambio oficial.

La ley, que será sometida a consulta para luego ser discutida por segunda vez el próximo martes, cuando esperan aprobarla. La misma establece que la aportación será calculada con base en «la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales». Según explicó la vicepresidenta.

AN prepara una ley para proteger las pensiones

Rodríguez -también ministra de Economía- afirmó que la ley contempla el «rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela».

Según el Gobierno, Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

El presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, dijo que están en la «obligación» de sancionar el proyecto de ley el martes próximo, 7 de mayo. Por lo que nombró una comisión mixta conformada por la Comisión de Desarrollo Social y la de Economía para «hacer las debidas consultas».

Desde marzo de 2022, la pensión, así como el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, y hoy 3,5 dólares. Lo que significa que se ha reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.

En el país, adultos mayores se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral. Como una necesidad para poder subsanar su «incapacidad para alimentarse» o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive la nación, según la ONG Convite.

ACN/MAS/EFE

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