Internacional
Ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos acordó Congreso español
Ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos acordó Congreso español: El pleno del Congreso de los Diputados españoles aprobó este jueves una moción en la que se insta al Gobierno de ese país a seguir ejerciendo el liderazgo en la Unión Europea (UE) en la defensa de los derechos humanos y las libertades en Venezuela. La moción acordada entre Ciudadanos y el PP se ha aprobado con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones.
La moción con las sanciones fue aprobada con los votos a favor del gobernante PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales), la abstención del PSOE (socialistas) y el voto en contra de Podemos (izquierda), reseñó Efe.
En la resolución se insta al Ejecutivo de Madrid a no reconocer la convocatoria de las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela «por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre gobierno y oposición» y, en consecuencia, no reconocer sus resultados.
Asimismo, se recomienda la ampliación de sanciones específicas a altos cargos venezolanos en el seno de la UE «debido a la ruptura de los principios democráticos y el Estado de Derecho» y por los «actos de corrupción, la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de los derechos humanos», según explicó luego el diputado liberal Fernando Maura.
El PSOE decidió abstenerse porque, según su portavoz de Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, el texto de la iniciativa, en los términos en que se ha votado, «no contribuye en la medida que debería a que España ayude a encauzar la actual situación».
En el texto que proponían los socialistas se consideraba que las elecciones presidenciales «deben enmarcarse en el contexto del diálogo nacional con las fuerzas políticas, de modo que se cumplan unas condiciones de participación equitativas justas y transparentes».
Eso implicaba, para los socialistas, la liberación de los denominados presos políticos y la supresión de las prohibiciones sobre políticos de la oposición y por la composición equilibrada e imparcial de los órganos de la administración electoral encargados del desarrollo de los comicios.
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, José Ramón García Hernández, aseguró que las elecciones del 20 de mayo, «convocadas ilegalmente, carecen de todas las garantías democráticas que tienen que tener unas elecciones» y ha hecho hincapié en que Venezuela «debe tener unas elecciones libres, transparentes y absolutamente democráticas».
La moción acordada entre Ciudadanos y el PP se ha aprobado con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones.
En el texto de la moción se hace también un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que revierta su decisión de declarar persona non grata al embajador de España, en aras de una normalización de las relaciones diplomáticas.
La iniciativa solicita al Ejecutivo de Maduro que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.
ACN/EFE/diarios
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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