Internacional
Ecuador analiza requisitos de entrada para venezolanos

La Corte Constitucional de ECortecuador analizó una demanda de inconstitucionalidad a los requisitos de entrada al país para los venezolanos; emitidos por las autoridades como el pasaporte y antecedentes penales.
Durante una audiencia realizada este lunes 3 de junio; la jueza nacional Daniela Salazar presidió la vista judicial que examinó los argumentos presentados por los demandantes; la Defensoría del Pueblo ecuatoriano y ciudadanos. Además, el canciller ecuatoriano, José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter; la jueza Salazar explicó que “los accionantes alegaron que los acuerdos ministeriales son contrarios al principio de igualdad y no discriminación».
Tras escuchar las intervenciones de las partes; la jueza Daniel Salazar concluyó la audiencia y dispuso cinco días para que las partes ingresen la documentación pertinente.
310.000 venezolanos en Ecuador
El canciller Valencia citó estadísticas de la ONU y señaló que actualmente residen en Ecuador 310.000 personas de nacionalidad venezolana.
Asimismo, precisó que este número podría incrementarse a medio millón para finales de año; de acuerdo a un comunicado de la ONG local Inredh, que intervino en la audiencia.
El ministro sostuvo que los migrantes de ese país sí tienen la capacidad para obtener los documentos que solicitan las autoridades.
En la audiencia los demandantes presentaron dos vídeos testimoniales de venezolanos que aseguraron que el costo de apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares; más las dificultades para lograrlo y que evidenciaron según la ONG; que los requisitos en lugar de frenar el flujo migratorio han puesto en peligro a los propios emigrantes.
Human Rights Watch (HRW) solicitó el mes pasado a Ecuador en relación a este caso; que proteja los derechos de los emigrantes venezolanos, en un escrito presentado ante la Corte Constitucional bajo la modalidad de “amicus curiae”.
Entre tanto, en marzo pasado la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto con representantes de varias organizaciones ecuatorianas; solicitaron a la Corte que declarara inconstitucionales los requisitos impuestos por el Gobierno ecuatoriano a los venezolanos que buscan radicarse en Ecuador.
Ese mismo mes un panel de jueces admitió la acción de inconstitucionalidad y adoptó medidas provisionales suspendiendo dichos requisitos hasta la resolución definitiva del caso.
En agosto de 2018, y a raíz de un flujo masivo migratorio procedente de Venezuela; las autoridades ecuatorianas anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para ingresar en el país; cuando hasta entonces podían acceder al territorio ecuatoriano con una cédula de identidad. Con información: ACN/EFE
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Internacional
Presunto miembro del Tren de Aragua fue hallado en la propiedad de un juez en EE. UU. (+Video)

En una residencia de un juez estadounidense, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump hallaron a un presunto miembro del Tren de Aragua, en medio de las redadas a migrantes indocumentados.
El insólito caso, que provocó la renuncia del demócrata José Joel Castro, un juez de Nuevo México, fue revelado por los medios estadounidenses este lunes.
De acuerdo con el medio Fox News, documentos judiciales indicaron que desde el pasado mes de enero las autoridades seguían la pista al venezolano Cristhian Ortega-López. “Un inmigrante ilegal de Venezuela y presunto miembro de una pandilla criminal” que “residía con otros inmigrantes ilegales” y “estaba en posesión de armas de fuego”.
La investigación llevó al allanamiento de una de las propiedades de Castro, quien ejercía como juez desde hace 15 años. En el operativo detuvieron a Cristhian Ortega-López, de 23 años, quien ingresó irregularmente a Estados Unidos en diciembre de 2023.
El joven, acusado de pertenecer a la organización criminal transnacional, vivía en una pequeña edificación aledaña a la residencia del juez, ubicada en el área de El Paso, Texas.
Los 100 días de un Trump que gobierna “por instinto”
La relación entre el joven y la familia del juez comenzó cuando Ortega-López fue contratado para realizar trabajos de construcción en una de las propiedades del magistrado. Luego de ganarse la confianza de la esposa e hija de Castro, estas le ofrecieron alojamiento.
Por lo tanto, fue a finales de febrero que los agentes de inmigración arrestaron al venezolano por posesión de armas. Cabe resaltar que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a portar armas de fuego bajo la ley federal estadounidense.
Tras este hecho, la renuncia de Castro fue recibida por la Oficina Administrativa de Tribunales de Nuevo México, según explicó la prensa de Estados Unidos.
En EE. UU., encubrir o dar refugio a un inmigrante indocumentado puede constituir un delito federal. La sección 274 del Título 8 del Código de EE.UU.establece que es ilegal: “ocultar, albergar o proteger a sabiendas a un extranjero ilegal dentro de Estados Unidos”, incluyendo facilitar su permanencia, sabiendo que está en el país en violación de la ley migratoria.
Desde el Departamento de Seguridad de EE. UU., han insistido fuertemente a los migrantes irregulares sobre las consecuencias de permanecer en ese país. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ha dicho que “el presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes están en nuestro país sin documentos: salgan ya. Si no se autodeportan, los perseguiremos, arrestaremos y deportaremos. Descarguen hoy mismo la aplicación gratuita CBP Home para autodeportarse”.
Con información de ACN/ELC
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