Nacional
ONG denuncia 33 ataques a defensores de DD.HH. en Venezuela en noviembre
ONG denunció 33 ataques a defensores de DD.HH. en Venezuela, solo en noviembre; según un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos»; dice el escrito en el que se explica que 27 de estos ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones y 6 contra personas defensoras de derechos.
Asimismo, entre los incidentes de seguridad documentados en noviembre destacan 19 actos de «estigmatización»; un ataque que es emprendido principalmente a través de medios de comunicación del Estado, que sirven al Gobierno de Nicolás Maduro.
ONG denunció 33 ataques a defensores de DD.HH.
El más férreo detractor de las organizaciones no gubernamentales, según el informe, es el diputado electo Diosdado Cabello, quien cada semana lanza críticas y amenazas a estos espacios; al argumentar que son financiadas por la Administración estadounidense para atacar a la llamada revolución bolivariana.
Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV); ha advertido que la nueva mayoría oficialista que se instalará en el Parlamento a partir de enero próximo tiene la «tarea pendiente» de aprobar una «ley severa para las ONG» con el fin de regular la cooperación internacional.
«El instrumento contemplaría la prohibición de la entrega de recursos a organizaciones de derechos humanos en el país»; dice el CDJ.
Varias formas de ataque
Las otras formas de ataque contabilizadas fueron 4 amenazas; 5 actos de intimidación; un par de detenciones arbitrarias y allanamientos, y un ataque digital.
Además, el informe señala como presuntos responsables de estos hechos a funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado; que pregonan discursos que incentivan «la criminalización y los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos».
Específicamente, prosigue el texto, los ataques fueron cometidos en un 40% por medios de comunicación gubernamentales; mientras que un 12% provienen de instituciones públicas; 15% de organismos de seguridad; 15% de funcionarios públicos y un 18% de «otros».
Igualmente, dice que Estas agresiones «evidencian el afianzamiento de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitarias» en Venezuela.
CDJ acusa de control social y autoritarismo
Además, el CDJ acusa al Estado venezolano de profundizar «el control social y el autoritarismo»; especialmente desde marzo pasado, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país y el Gobierno aprobó un estado de alarma que sigue vigente.
«Defender y exigir derechos humanos en Venezuela y acompañar a las víctimas de los abusos del Estado en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación es una labor de alto riesgo»; añade el Centro.
Finalmente, según la misma organización, al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacadas en el primer semestre de 2020.
REPORTE CDJ – Noviembre 2020
Del total de los ataques documentados en el mes, 27 estuvieron dirigidos hacia las organizaciones de derechos humanos. Mientras que 6 de los hechos fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos. pic.twitter.com/GxWAv7Omfu
— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) December 22, 2020
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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