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Tarek William Saab anuncia 1.900 excarcelaciones poselectorales

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1.900 excarcelaciones de detenidos poselectorales - Agencia Carabobeña de Noticias
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El Fiscal General, Tarek William Saab anuncia 1.900 excarcelaciones de detenidos poselectorales, informó este sábado 1 de febrero.

Son casi 1.900 personas que permanecían detenidas tras las manifestaciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de julio. Durante una entrevista en el canal estatal VTV, Saab explicó que las excarcelaciones se realizaron bajo medidas cautelares menos severas, permitiendo que los detenidos estuvieran en libertad mientras continúan las investigaciones.

Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones siguen en curso y que los liberados deberán seguir un régimen de presentación ante las autoridades. Saab detalló que, a pesar de la excarcelación de casi 1.900 personas, las investigaciones sobre los hechos de violencia poselectoral continúan.

“Están libres, pero la investigación sigue en curso. Estos casos se encuentran bajo un régimen de presentación, lo que significa que aún están sujetos a la ley y a futuras acciones judiciales”, comentó. El fiscal general también enfatizó que el MP ha recibido diversas cartas de familiares de los detenidos y ha mantenido reuniones con algunos de ellos para escuchar sus inquietudes. Además, señaló que no se descarta la posibilidad de continuar revisando casos para evaluar otras excarcelaciones.

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1.900 excarcelaciones de detenidos poselectorales

Durante la entrevista, Saab destacó que los disturbios ocurridos el 29 y 30 de julio dejaron un saldo de 28 muertos, entre ellos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como 190 heridos, de los cuales 100 eran policías y militares.

Estos eventos violentos se produjeron en el contexto de las protestas que siguieron al anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, un resultado que fue cuestionado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero ganador.

Falta de transparencia en procesos judiciales

El fiscal explicó que, según las cifras oficiales, aproximadamente 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas contra el resultado electoral. Aunque el gobierno y el MP insisten en que los detenidos no son “presos políticos”, diversos activistas, ONG y familiares han denunciado múltiples violaciones al debido proceso.

Estas incluyen la imposibilidad de designar abogados, el acceso restringido a los expedientes judiciales, traslados sin previo aviso a lugares alejados, incomunicación y la falta de atención médica a los detenidos. Sin embargo, las autoridades venezolanas han desmentido estas acusaciones, calificándolas de falsas.

Insiste que no hay presos políticos

Por otro lado, Saab reiteró que en Venezuela no existen personas arrestadas por motivos políticos, sino que todas las detenciones están relacionadas con delitos cometidos durante las protestas y en el contexto de los disturbios. En este sentido, el Ministerio Público sostiene que las investigaciones están dirigidas a esclarecer los hechos de violencia y determinar la responsabilidad de los involucrados, sin hacer distinciones ideológicas.

A pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos judiciales y las condiciones de detención, el gobierno de Maduro continúa defendiendo la legalidad de las actuaciones del MP y de las fuerzas de seguridad en su accionar durante las protestas.

En contraste, organismos internacionales de derechos humanos han señalado que las detenciones masivas y las acusaciones de abusos contra los detenidos deben ser objeto de una investigación imparcial.

Continuarán las investigaciones

El proceso de revisión de los casos y las excarcelaciones realizadas hasta el momento reflejan el delicado equilibrio que el gobierno busca mantener en un contexto político extremadamente polarizado, en el cual la comunidad internacional y los sectores opositores insisten en la necesidad de una mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, el Ministerio Público de Venezuela ha señalado que continuará con sus investigaciones hasta esclarecer completamente los hechos de violencia relacionados con las protestas poselectorales y que tomará las decisiones pertinentes conforme a la ley.

ACN/MAS/El Impulso

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador
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En un comunicado, la Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.

El titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hizo público el comunicado oficial como respuesta a una misiva enviada por el gobierno de Nayib Bukele.

En la correspondencia, suscrita por el ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se formaliza la propuesta hecha por el presidente del país centroamericano de intercambio de detenidos.

Bukele propuso al gobierno de Venezuela liberar a los «presos políticos» a cambio de la excarcelación de más de 250 venezolanos detenidos en su país.

Al respecto, el Gobierno de Venezuela considera que dicha nota «constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos». Así como de la «comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».

Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

El documento divulgado por el canciller Gil destaca en cinco puntos, lo que catalogó como «los graves crímenes cometidos por gobierno de El Salvador». Esto al mantener «secuestrados» a los migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El documento de la parte venezolana señala:

1- Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria y recluidos sin orden judicial ni juicio previo en el CECOT.

2- Criminalización colectiva y xenofobia institucional. Al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.

3- Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. Al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica.

4- Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible. Al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles).

5- Secuestro y traslado forzoso a un tercer país, sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América. Quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.

El comunicado del gobierno de Venezuela finaliza exigiendo «la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño«. Asimismo, responsabiliza al Estado salvadoreño por «cualquier afectación a la integridad física y psicológica de los connacionales encarcelados».

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