Internacional
Registro de inmigrantes venezolanos en Colombia iniciará el 6 de abril

La labor estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se llevará a cabo durante un plazo de dos meses, prorrogables. El censo venezolano, sin embargo, no otorgará ningún tipo de estatus migratorio especial para los venezolanos.
El presidente Juan Manuel Santos ya había anunciando, desde principios de febrero de este año, que se iban a tomar medidas en el Ejecutivo para atender a la población inmigrante, proveniente de Venezuela, que se ha visto obligada a ingresar a territorio colombiano por la crisis política, social y económica que atraviesa el país vecino.
A partir del próximo viernes 6 de abril se comenzará a materializar el registro de inmigrantes venezolanos, pero con efectos informativos. Es decir, este procedimiento no otorgará ningún tipo de estatus migratorio y “no constituye autorización de permanencia o regularización”, como aclara el decreto firmado por el primer mandatario herramientas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que comience el censo de venezolanos.
Tampoco servirá para reemplazar documentos de viaje y no genera derechos civiles o políticos que, por ejemplo, les permita participar del proceso electoral que se avecina, el próximo 27 de mayo.
De acuerdo con las autoridades, hasta enero de este año, el registro oficial daba cuenta de unos 350.000 venezolanos irregulares que han atravesado la frontera hacia territorio colombiano.
Según la UNGRD, desde 2017 la entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano ha aumentado significativamente y “dicha migración no sólo se adelanta a través de los puestos oficiales de control fronterizo sino también por rutas de acceso irregular al país, motivo por el que no ha sido posible su registro”.
50 venezolanos fueron deportados en Colombia
Las autoridades deportaron a 50 venezolanos que no contaban con la documentación necesaria para permanecer en Colombia, entre ellos algunos menores de edad que no lograron demostrar la relación familiar con las personas que los acompañaban.
Así lo informó el pasado 29 de marzo la Alcaldía de la caribeña ciudad de Santa Marta (norte), que explicó en un comunicado que esas personas fueron enviadas de nuevo a Venezuela para que realicen el proceso de ingreso legal a Colombia.
Los ciudadanos fueron hallados en dos autobuses de la empresa de transporte Cootragua en un puesto de control en el peaje de Neguanje, cercano a Santa Marta.
La secretaria de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, Priscila Zúñiga indicó que «Es un tema de advertencia también porque nos preocupa que puedan hacer algún tipo de trata de personas a través de esta modalidad, ingresando menores de edad y niños pequeños sin ningún tipo de documentación a nuestro país».
La operación fue realizada en conjunto por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, la Policía, Migración Colombia, la Personería Distrital y el Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional.
El comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Gustavo Berdugo, afirmó por su parte que las autoridades continuarán con los operativos de control con el objetivo de «evitar accidentes y acciones delictivas» para que los turistas y residentes de Santa Marta puedan disfrutar de «esta Semana Santa tranquila».
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró el pasado 27 de febrero que en el país hay cerca de 700.000 emigrantes venezolanos registrados.
ACN/Prensa Colombiana
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Internacional
Panamá suspende garantías constitucionales por fuertes protestas y disturbios

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, ha anunciado la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» durante cinco días en la provincia caribeña de Bocas del Toro –fronteriza con Costa Rica– ante las protestas en la zona que han dado lugar saqueos de comercios y el bloqueo de carreteras, unos disturbios provocados en respuesta a la reforma de pensiones aprobada en marzo.
«Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños. Es por ello que el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden», ha declarado en rueda de prensa Orillac.
Ya el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advertía de una reunión en la que se valoraría «tomar acciones constitucionales» en la provincia donde se han registrado ataques contra edificios públicos, comercios e incluso el aeropuerto de la región.
La Policía de Panamá ha implementado la operación Omega
Las protestas comenzaron en el mes de abril y el Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado 27 de mayo. Asimismo, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos, para hacer frente a esta oleada de protestas cuyo objetivo es «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.
Esta misma semana el Gobierno ha aprobado una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria bananera gracias a la cual se habían conseguido acabar con ciertos bloqueos, sin embargo, otros sectores como los educadores y grupos indígenas han liderado estas nuevas protestas y han vuelto a ocupar las calles de la región, según informa el diario ‘El Siglo’.
«Los ministros de Comercio e Industria y de Trabajo dialogaron con los trabajadores y representantes sindicales del sector bananero durante aproximadamente tres semanas, adquiriendo el compromiso de presentar un proyecto de ley propuesto por el sector con la condición de reabrir las vías de manera total», ha aseverado el ministro de la Presidencia.
Con información de: ACN/ EUROPA PRESS
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