Internacional
Policía de Nicaragua acusó a la Iglesia católica de su país de lavar dinero
La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
A través de una nota de prensa la policía indicó que el viernes 19 de mayo les informaron «de actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria», cuyos nombres no precisó.
«La Policía inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país», aseguró esa institución, que no detalló el monto ni lugares.
Posteriormente informó «de los hallazgos y las investigaciones a las autoridades pertinentes, que a la vez iniciaron sus propias investigaciones, de acuerdo con la Ley, para ubicar y cancelar los actos ilícitos cometidos por personas vinculadas a esas diócesis», continuó.
«Red de lavado de dinero»
«El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos» de Nicaragua, añadió.
Según la Policía, la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero «han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis, han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos».
Indicó que la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al jefe de la Iglesia nicaragüense, cardenal Leopoldo Brenes, «la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo».
«Se ha informado en todo momento del curso de las investigaciones y se procura aclarar e informar sobre todo lo pertinente a esta situación anómala que se deriva de los actos de traición a la patria, juzgados ya, y cometidos por personajes que como políticos han violentado criminalmente todos los ordenamientos jurídicos, financieros, sociales del Estado y el pueblo nicaragüenses», agregó esa institución.
La Policía dijo que «se continúan las indagaciones e investigaciones para lograr la transparencia en el funcionamiento y manejo de las finanzas de estas instituciones».
Tres sacerdotes investigados
Previamente, fuentes eclesiales adelantaron a EFE que el Gobierno de Daniel Ortega había congelados las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense.
Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria», dijeron a EFE las fuentes.
Hace dos días, la Policía informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis que dirige el obispo Álvarez, por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación.
También investiga a otros dos sacerdotes por «asuntos administrativos» de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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