Internacional
Investigan desaparición de venezolana en Trinidad y Tobago
La Policía de Trinidad y Tobago está investigando la desaparición de una mujer venezolana que estaba en el centro de detención de inmigrantes de la Guardia Costera del helipuerto de Chaguaramas, donde se han reportado abusos sexuales.
Según publicaron este sábado los medios locales, la mujer desapareció después de quejarse de que el personal administrativo del helipuerto abusó sexualmente de ella.
El asunto lo trasladaron a un comité sobre derechos humanos, igualdad y diversidad del Parlamento, que se reunió el viernes para discutir el trato dado a los inmigrantes.
La directora de la Unidad Contra la Trata del Ministerio de Seguridad Nacional, Samantha Chaitram, dijo al Parlamento que el Centro Caribeño de Derechos Humanos escribió al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, sobre «informes inquietantes» en Chaguaramas.
Chaitram afirmó que había un presunto patrón de abuso sexual continuado contra las mujeres detenidas en el helipuerto llevado a cabo por personal administrativo del centro.
El comisionado adjunto de la Policía, Curt Simon, explicó que la entidad no tiene control sobre los centros de detención de inmigrantes y, por lo tanto, solo puede responder cuando hay denuncias de explotación sexual.
El helipuerto, ubicado en una base militar e inaugurado en 2020, es usado como centro de detención de inmigrantes mientras se gestiona su deportación.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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