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Refinería de Amuay paraliza producción de gasolina

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Foto: Cortesía
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La unidad de craqueo catalítico de la refinería venezolana Amuay, clave en la producción de gasolina, está paralizada por una avería desde el pasado jueves 1° de diciembre, dijeron a Reuters personas familiarizadas con las operaciones.

La refinería ubicada en la península de Paraguaná que cuenta con una capacidad de 645.000 barriles de crudo por día (bpd); está operando a una fracción de su capacidad de procesamiento.

Vale mencionar que esto ha provocado que la estatal de Pdvsa, presente una escasez intermitente de combustible en el país.

De momento, Pdvsa no ha respondido una solicitud de comentarios sobre la condición de la unidad FCC de Amuay.

Paralizada producción de gasolina en Amuay

Las refinerías de Venezuela sufren cortes frecuentes que conducen a pérdidas de producción debido a fallas en el sistema y falta de suministros.

Amuay, junto con la cercana refinería Cardón, conforman el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) en el estado Falcón; con una capacidad combinada de procesamiento de crudo de 955.000 bpd.

El craqueador catalítico de Cardón, que puede procesar hasta 45.000 bpd, aún estaba operativo el viernes, aseguraron las fuentes a Reuters.

Con información: ACN/Reuters

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador
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En un comunicado, la Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.

El titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hizo público el comunicado oficial como respuesta a una misiva enviada por el gobierno de Nayib Bukele.

En la correspondencia, suscrita por el ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se formaliza la propuesta hecha por el presidente del país centroamericano de intercambio de detenidos.

Bukele propuso al gobierno de Venezuela liberar a los «presos políticos» a cambio de la excarcelación de más de 250 venezolanos detenidos en su país.

Al respecto, el Gobierno de Venezuela considera que dicha nota «constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos». Así como de la «comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».

Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

El documento divulgado por el canciller Gil destaca en cinco puntos, lo que catalogó como «los graves crímenes cometidos por gobierno de El Salvador». Esto al mantener «secuestrados» a los migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El documento de la parte venezolana señala:

1- Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria y recluidos sin orden judicial ni juicio previo en el CECOT.

2- Criminalización colectiva y xenofobia institucional. Al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.

3- Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. Al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica.

4- Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible. Al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles).

5- Secuestro y traslado forzoso a un tercer país, sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América. Quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.

El comunicado del gobierno de Venezuela finaliza exigiendo «la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño«. Asimismo, responsabiliza al Estado salvadoreño por «cualquier afectación a la integridad física y psicológica de los connacionales encarcelados».

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