Internacional
Panamá continúa cerrando trochas por el Darién y despliega patrullaje por el mar Caribe
Panamá cerró entre cuatro y cinco pasos de la frontera con Colombia en la zona del Darién y desplegó patrullaje por el mar Caribe. Esto con el fin de minimizar el cruce ilegal de migrantes desde Colombia por la peligrosa selva.
Así lo informó el ministro de Seguridad Publica de Panamá, Frank Ábrego, a través de un comunicado. Ábrego dijo que por los sitios cerrados los “coyotes” trasladaban migrantes desde Colombia.
El ministro indicó que la vigilancia en este sector es constante. La hace las patrullas de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront). Van desde la zona de Caña Blanca, en la frontera con Colombia, hasta el puesto de Lajas
De igual manera el ministro informó que ordenó el despliegue de patrullas del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en las costas del Caribe y Pacífico.
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Se dejará una sola trocha
Según el comunicado, la instrucción de las autoridades panameñas es de establecer la retención y entrega a las autoridades policiales o migratorias de Colombia de cualquier persona que viaje en bote con migrantes irregulares y trate de ingresar a las áreas jurisdiccionales de Panamá.
Los bloqueos fronterizos ya habían sido informados por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el viernes anterior a su toma de posesión.
Hace una semana, en un recorrido por el centro migratorio de Lajas Blancas, en la provincia de Darién, Mulino afirmó que se dejaría una sola trocha abierta. Así mismo indicó que ya se habían cerrado pasos con barreras de alambre y que habilitarían a unas 300 unidades del Senafront para vigilar esas zonas.
También aseguró en esa oportunidad que, igualmente, no se permitirá el ingreso de migrantes a territorio panameño, sin pasaporte o documento válido.
Así mismo el presidente Mulino habilitó al canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, para que firmara un memorando de entendimiento y cooperación migratoria con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Colombia pide garantías de derechos humanos a inmigrantes
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió que el gobierno central exhorte al gobierno de Panamá a que tenga presente los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
Estos derechos incluye refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas. También garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional, según expresó en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo añadió que el cierre de esos cruces, que están en áreas inhóspitas localizadas en el «Tapón» del Darién, aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes. Concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano en el territorio colombiano.
Según informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá y instalaron una cerca con alambre de púas. La misma mide aproximadamente 80 metros de longitud e impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano.
La Defensoría agrega que el cerco genera afectaciones a Asti a Capurganá y a las de Puerto Obaldía (Panamá), pues desde hace décadas utilizan ese paso para el intercambio comercial y cultural.
Por su parte, el presidente de Colombia Gustavo Petro dijo a través de su perfil en la red social X: “Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur”.
Con información de CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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