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Maduro acusa a Duque de supervisar a «mercenarios» para atacar Venezuela

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Maduro acusa a Iván Duque - noticiasACN
Nicolás Maduro volvió señalar a su homólogo colombiano en planear atacarlo. (Foto: EFE)
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El presidente de Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de supervisar personalmente varios campamentos de «mercenarios»; coaligados con «paramilitares» y ubicados en su país para preparar nuevas incursiones en Venezuela.

«Tengo informaciones comprobadas, de fuentes certeras, que Iván Duque (…) personalmente, supervisa a través de jefes militares, campamentos en Medellín, Antioquia; en el Norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela»; dijo Maduro durante un acto de condecoración a militares.

El mandatario venezolano condecoró a los militares que actuaron en la llamada «Operación Negro Primero» que neutralizó a la «Operación Gedeón» hace un mes y aún siguen en operativos y detenciones.

Maduro acusa a Iván Duque de supervisar mercenarios

Igualmente, el mandatario venezolano aseveró que Duque, «por orgullo oligarca», ha dicho que el plan de incursión marítima «debe mantenerse como una de las opciones».

«Le digo a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada, a las fuerzas policiales, guardia en alto»; exclamó el jefe de Estado.

A vigilar la patria

Asimismo, llamó a vigilar «el mar, el espacio aéreo y la patria para que ninguno de estos grupos mercenarios que se entrenen en Colombia bajo el amparo; apoyo y financiamiento del presidente de Colombia pueda hacerle daño a ninguna institución, a ningún venezolano».

Finalmente, Maduro alertó a las fuerzas de seguridad a prepararse para «tener capacidad preventiva de acción, capacidad de reacción» para hacer al país «inexpugnable de grupos terroristas, de mercenarios, de delincuentes y traidores que vulneran la vida».

Sobre las diferencias políticas dentro de Venezuela, Maduro subrayó que estas se deben dirimir «a través de la Constitución, a través de los votos y no de las balas».

ACN/MAS/EFE

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PROVEA se pronuncia tras declaraciones del fiscal sobre detención de Eduardo Torres

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PROVEA fiscal Eduardo Torres
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Después de más de 96 horas sin información, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció el 13 de mayo que el defensor de derechos humanos Eduardo Torres se encuentra detenido bajo custodia del Estado venezolano.

Sin embargo, el Ministerio Público no ofreció detalles sobre la fecha, hora, lugar ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención, ni informó sobre una orden de aprehensión o el sitio donde permanece recluido.

Denuncias de desaparición forzada

El reconocimiento oficial de la detención se produjo vía Instagram, luego de días de denuncias por parte de su familia, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Torres tuvo su última comunicación con sus familiares el 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desde entonces su paradero fue desconocido.

Su esposa, Emiselys Núñez, junto con miembros de PROVEA, recorrió centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN y PNB), donde las autoridades negaron que estuviera recluido, aumentando la incertidumbre.

La falta de información oficial ha sido cuestionada, pues si su detención ya era conocida por el Estado, ¿por qué no se permitió su comunicación con familiares y abogados?, se pregunta la ONG PROVEA sobre las declaraciones del fiscal sobre Eduardo Torres.

Según organismos de derechos humanos, esta omisión prolongada podría considerarse una desaparición forzada, violando los artículos 44 y 45 de la Constitución.

Irregularidades en el debido proceso

El fiscal aseguró que Torres «fue presentado conforme a los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque su esposa y miembros de PROVEA esperaron por más de 7 horas el 11 de mayo para su presentación en tribunales, sin éxito.

Además, se denunció que el hábeas corpus solicitado por Núñez no fue recibido, argumentando la falta de una «autorización superior».

La prolongada falta de información sobre su estado y lugar de reclusión sigue representando un riesgo para su integridad física y mental, por lo que familiares y organizaciones mantienen su exigencia de una respuesta clara y garantías de sus derechos.

 

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