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Internacional

Justicia británica limitará testimonio de presidente del BCV en juicio por el oro

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Justicia británica limitará testimonio - noticiacn
Calixto Ortega, presidente del BCV.
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La justicia británica limitará testimonio de Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); en un nuevo juicio en julio por oro venezolano.

Ortega testificará con restricciones para su testimonio entre los representates de Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de 32 toneladas de oro depositado en Londres; dictó una jueza británica.

Los dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el acceso a los lingotes; valorados en más de mil millones de dólares y custodiados desde hace años por el Banco de Inglaterra en sus cámaras acorazadas.

La larga saga judicial dio una victoria inicial al líder opositor en julio de 2020; que fue sin embargo anulada por un tribunal de apelación en octubre de ese mismo año.

Acumulando los recursos por ambas partes, el caso llegó en julio de 2021 a la Corte Suprema británica que el pasado diciembre volvió a dar la razón a Guaidó; pero solo parcialmente.

La máxima jurisdicción británica estableció que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, la justicia reconoce al opositor y no a Maduro como presidente de Venezuela.

Ambos habían designado juntas directivas rivales del Banco Central de Venezuela (BCV); que dieron órdenes contradictorias al Banco de Inglaterra sobre qué hacer con el oro.

Justicia británica limitará testimonio de Calixto Ortega

Sin embargo, el nombramiento de su junta por Guaidó fue invalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano; así que la justicia británica ordenó en diciembre analizar si acepta esta medida, tomada por una institución que los opositores califican de «marioneta del régimen».

Un nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio; estableció la magistrada Sara Cockerill.

«El juicio de julio determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí»; subrayó Richard Lissack, abogado inglés del gobierno de Caracas, en una vista preliminar celebrada el viernes.

«No «infecta» procedimiento

Ortega, presidente de la junta directiva nombrada por Maduro, testificará durante las vistas, precisó Lissack.

Su intención es hacerlo en persona en Londres, aunque aún está a la espera de recibir una visa de viaje; precisó a la AFP un miembro de su equipo legal.

No obstante, la jueza restringió las cuestiones sobre las que podrá ser interrogado y dar testimonio. «Limitaré la prueba testifical a los asuntos que sean relevantes» a la invalidación de los nombramientos por el TSJ; evitando cuestiones que «complican el procedimiento».

Así, Ortega podrá retomar una declaración de 2019 sobre el funcionamiento diario del BVC, en materia de emisión de moneda o política monetaria; pero no sus opiniones sobre la experiencia, cualificación o intenciones de la junta de Guaidó respecto a la gestión de las reservas internacionales del país.

Quieren evitiar ligitimición de junta de Guaidó

El equipo legal de Maduro quiere evitar que una legitimación de la junta de Guaidó les de «carta blanca para hacer lo que quieran»; argumentó otro de sus abogados, Jonathan Miller.

«Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer»; enfatizó afirmando querer impedir tanto que transfieran los bienes a sus cuentas personales como a un banco en Estados Unidos, país que ha dado a la oposición control total de las reservas internacionales de Venezuela.

«¡Es un argumento falso!», respondió el abogado de Guaidó, Andrew Fulton.

Internacional

Aprobado en EE.UU. programa para localizar migrantes con antecedentes penales

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EEUU anunció la implementación -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía
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El Estado de Luisiana (EEUU) anunció la implementación de la operación GEAUX, un programa destinado a localizar migrantes con antecedentes penales. 

La iniciativa, liderada por el gobernador Jeff Landry, se desarrolla en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno federal encabezado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Según Landry, el objetivo es reforzar la seguridad en el estado mediante la identificación y posible deportación de personas indocumentadas que hayan cometido delitos.

La orden ejecutiva firmada este jueves, 15 de mayo, otorga a las autoridades locales facultades similares a las del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En concreto, se les permitirá investigar el estatus migratorio de individuos y proceder con detenciones en caso de antecedentes penales.

Persona que participe en actividades delictivas será deportada

Landry calificó la operación como la más grande en la historia del estado, asegurando que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Luisiana y participe en actividades delictivas será deportada o encarcelada.

La medida ha generado un intenso debate en la comunidad y entre los defensores de los derechos de los migrantes. Mientras algunos sectores apoyan la iniciativa como un esfuerzo por mejorar la seguridad, otros la critican por su posible impacto en familias migrantes y por el riesgo de discriminación racial.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de perfiles raciales en las investigaciones y detenciones.

GEAUX amplía el alcance de medidas

El programa también plantea interrogantes sobre la legalidad de otorgar a las fuerzas policiales locales competencias migratorias. En otros estados, como Illinois, ya existen leyes que permiten la deportación de personas con antecedentes penales. Pero, la operación GEAUX, amplía el alcance de estas medidas al permitir que la policía investigue activamente el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa.

A medida que la operación GEAUX entra en vigor, se espera que continúe el debate sobre su impacto en la comunidad migrante. También sobre la seguridad del estado.

La administración de Donald Trump ha respaldado la iniciativa como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, los efectos a largo plazo de esta política aún están por verse, y su implementación podría enfrentar desafíos legales y sociales en los próximos meses.

Con información de: CD

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