Internacional
Grupo armado secuestró 14 trabajadores de la administración pública en México

Un presunto grupo armado secuestró a 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas, sureste de México, informó este martes la propia institución.
El secuestro ocurrió en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y tras los hechos la SSyPC inició un operativo aéreo y terrestre de búsqueda de 14 personas, empleados administrativos, al tiempo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.
Según versiones, los trabajadores partieron de las oficinas del antiguo aeropuerto de Llano San Juan rumbo al municipio de Ocozocoautla, cuando los interceptaron y bajaron unos hombres armados.
En un video publicado en redes sociales se puede ver como un grupo de sujetos armados y que viajaban en distintos vehículos apunta con armas de fuego a un autobús donde se trasladaban los trabajadores de la SSyPC.
Secuestro de 14 trabajadores
En un comunicado, la SSyPC señaló que en coordinación con fuerzas federales, precisó que las 14 personas, todos hombres, los «privaron de la libertad personas armadas la tarde de este martes en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, en las inmediaciones del crucero Llano San Juan».
Agregó que tras una llamada de emergencia y un reporte de auxilio, de manera inmediata se estableció un operativo permanente por aire y por tierra con todas las fuerzas armadas para dar con el paradero de las personas privadas de la libertad.
En un principio, distintas informaciones indicaron que las personas secuestradas eran 23, pero la SSyPC precisó que son 14 los empleados administrativos plagiados.
Luego de conocer la noticia criminal sobre la no localización de personas, la FGE comenzó el análisis diversos materiales de video y fotográficos publicados en redes sociales, esto con el objetivo de determinar si corresponden a estos hechos.
Además, la Fiscalía dijo que participa en el despliegue de acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de estas personas.
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Internacional
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.
El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.
El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.
Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas
El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.
Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.
La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.
Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.
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