Internacional
Gobierno de Ecuador denunció «sabotaje» como causa de derrame petrolero

A través del ministerio de Energía y Minas, el Gobierno de Ecuador denunció «sabotaje» como causa de derrame petrolero en Esmeraldas.
Inés Manzano, titular de la cartera energética, afirmó que el derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas fue producto de sabotaje en una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Un argumento que ya está siendo cuestionado.
En entrevista este jueves al canal local Teleamazonas, la funcionaria señaló que en un primer momento vieron el deslizamiento de tierra como la causa del problema. Pero, aseguró, un informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) les indicó que fue provocado.
La estatal Petroecuador anunció que ya reactivó el transporte de crudo por el SOTE luego de la rotura que provocó desde el jueves pasado un derrame en Esmeraldas.
Gobierno de Ecuador denunció «sabotaje» como causa de derrame petrolero: otros puntos sensibles
Agregó Manzano, que manejan también información de que «sabotearán las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Quito en Papallacta”.
Las autoridades aún no han revelado el volumen de petróleo derramado que dejó ríos y playas contaminadas, 500 mil personas sin acceso a agua. Además de afectaciones a la flora, la fauna, la agricultura, el turismo y la salud humana.
Por su parte, la candidata presidencial Luisa González, de Revolución Ciudadana, cuestionó la teoría del sabotaje planteada por el Gobierno. Dijo que es una excusa que, según recordó, es utilizada ante cada crisis por la administración del presidente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa.
Como ella, otros políticos y ciudadanos en redes sociales criticaron la argumentación del Ejecutivo utilizada en otros casos, como la crisis energética y los apagones de abril de 2024.
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Internacional
Kilmar Ábrego García regresa a EEUU para enfrentar cargos penales

Durante meses, la administración de Trump se enfrascó en un intenso enfrentamiento con el poder judicial federal por órdenes judiciales que exigen al gobierno “facilitar” el regreso de Ábrego García desde El Salvador, donde lo deportaron por error a mediados de marzo, en una situación que una jueza federal advirtió podría representar una “crisis incipiente” entre ambos poderes.
Ábrego García ha sido acusado formalmente de dos delitos en el Distrito Medio de Tennessee: conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.
La acusación formal, revelada este viernes por la tarde, señala que Ábrego García y otros llevaron a Estados Unidos en los últimos años a miles de inmigrantes indocumentados de varios países de Centroamérica, “muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.
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Kilmar Ábrego García regresa a EEUU
La postura y los argumentos legales de la administración en el caso han frustrado tanto a jueces conservadores como liberales, quienes han expresado alarma por el aparente desprecio de los funcionarios hacia los derechos al debido proceso, dada su respuesta despreocupada a la deportación, que varios abogados del Gobierno describieron como un “error administrativo” que no podían corregir.
En abril, por ejemplo, Bondi dijo que Ábrego García “no va a regresar a nuestro país”.
“El presidente Bukele dijo que no lo iba a devolver. Ahí termina la historia. Si él quisiera enviarlo de regreso, le daríamos un vuelo de regreso”, afirmó.
Sin embargo, el inminente regreso de Ábrego García está lejos de garantizar que permanecerá en EE.UU. a largo plazo. La decisión de la administración de deportarlo a la megacárcel Cecot en El Salvador violó una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a su país de origen por temor a que enfrentara violencia de pandillas. No obstante, ese mandato no impedía que el Gobierno lo enviara a un tercer país.
Las autoridades han dicho previamente que, si regresa a EE.UU., podrían deportarlo a otro país o intentar anular la orden de 2019. La administración ha alegado que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, designada por el Gobierno como organización terrorista extranjera, aunque sus abogados han disputado esa afirmación.
ACN/MAS/CNN
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