Internacional
Fiscales de 23 estados y de Washington demandan a Trump por recorte de fondos de salud pública
Este martes 1 de abril, fiscales generales demócratas de 23 estados y de la ciudad de Washington presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump por el recorte de fondos de salud pública.
La demanda es específicamente contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y contra su secretario, Robert F. Kennedy Jr., por la repentina reducción de US$ 12.000 millones en fondos de salud pública.
En la demanda, los fiscales generales solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar para detener de inmediato los recortes de los fondos por parte de la administración. Alegan que esta acción provocará la interrupción de servicios clave de salud pública y la pérdida de empleos de miles de trabajadores de la salud.
Demanda a HHS
La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recortaron aproximadamente US$ 11.400 millones en fondos asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios. Los mismo fueron aprobados durante la pandemia de covid-19. Los CDC esperan comenzar a recuperar este dinero en aproximadamente 30 días, según el HHS. Se cancelaron US$ mil millones adicionales de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, según los fiscales generales.
El HHS declaró este martes que no haría comentarios sobre los litigios en curso. La semana pasada refirió que la pandemia de covid-19 ha terminado, y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes para responder a una pandemia inexistente.
La coalición de fiscales generales argumenta que, si bien es cierto que esos fondos eliminados fueron asignados durante la pandemia de covid-19, gran parte de los fondos se asignaron para apoyar el sistema de salud pública a largo plazo, así como para la preparación ante pandemias y ciertos servicios de salud conductual, incluyendo el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.
La nueva demanda alega que el gobierno está socavando el poder constitucional del Congreso, ya que los fondos estaban vinculados a asignaciones específicas del órgano legislativo. Argumenta que la administración carece de la autoridad legal para rescindir los fondos ya asignados.
Con información de: CNN / ACN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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