Internacional
Fiscales buscan la pena de muerte para Luigi Mangione por asesinato premeditado
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que los fiscales federales solicitarán la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora de salud del país.
El crimen, calificado como un «asesinato premeditado y a sangre fría», ocurrió el pasado 4 de diciembre frente a un hotel en Nueva York.
Mangione, de 26 años, fue arrestado semanas después en Pensilvania tras una intensa búsqueda nacional.
Aunque se ha declarado inocente de los cargos estatales, aún no ha respondido a las acusaciones federales.
Actualmente, permanece en una prisión federal en Nueva York a la espera de juicio.
Según las investigaciones, el motivo del asesinato estaría vinculado al descontento de Mangione con las compañías de seguros de salud estadounidenses.
Enfrenta 11 cargos penales estatales, entre ellos asesinato en primer grado y asesinato como delito de terrorismo. Si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Además, la fiscalía federal lo acusa de usar un arma de fuego para cometer asesinato y acoso interestatal con resultado de muerte, cargos que lo hacen susceptible a la pena de muerte.
Bondi afirmó que el asesinato fue un «acto de violencia política» que puso en riesgo la vida de otras personas en las cercanías.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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