Este martes 1 de abril, fiscales generales demócratas de 23 estados y de la ciudad de Washington presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump por el recorte de fondos de salud pública.

La demanda es específicamente contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y contra su secretario, Robert F. Kennedy Jr., por la repentina reducción de US$ 12.000 millones en fondos de salud pública.

En la demanda, los fiscales generales solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar para detener de inmediato los recortes de los fondos por parte de la administración.  Alegan que esta acción provocará la interrupción de servicios clave de salud pública y la pérdida de empleos de miles de trabajadores de la salud.

Demanda a HHS

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recortaron aproximadamente US$ 11.400 millones en fondos asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios. Los mismo fueron aprobados durante la pandemia de covid-19. Los CDC esperan comenzar a recuperar este dinero en aproximadamente 30 días, según el HHS. Se cancelaron US$ mil millones adicionales de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, según los fiscales generales.

El HHS declaró este martes que no haría comentarios sobre los litigios en curso. La semana pasada refirió que la pandemia de covid-19 ha terminado, y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes para responder a una pandemia inexistente.

La coalición de fiscales generales argumenta que, si bien es cierto que esos fondos eliminados fueron asignados durante la pandemia de covid-19, gran parte de los fondos se asignaron para apoyar el sistema de salud pública a largo plazo, así como para la preparación ante pandemias y ciertos servicios de salud conductual, incluyendo el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.

La nueva demanda alega que el gobierno está socavando el poder constitucional del Congreso, ya que los fondos estaban vinculados a asignaciones específicas del órgano legislativo. Argumenta que la administración carece de la autoridad legal para rescindir los fondos ya asignados.

Con información de: CNN / ACN

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