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Exministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa acusados de corrupción en España

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Exministros acusados de corrupción
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La Fiscalía Anticorrupción de España instó a la apertura de juicio oral contra la excúpula del grupo empresarial Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, por blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios públicos de aquel país.

A todos ellos, Anticorrupción les atribuye delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental.

Exministros acusados de corrupción

En un escrito fechado el pasado 16 de julio al que tuvo acceso EFE, Anticorrupción relata que en 2009, con la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica.

A cambio de la concesión, la compañía se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

Según Anticorrupción, UTE Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran sus intereses.

A través de esos contratos, el que fuera presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados por la fiscalía, decidieron entregar varias cantidades de dinero hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares, al ex vicemninistro de Energía durante la época del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, a través de sociedades interpuestas.

Dicha cantidad se pagó en tres tandas, indica la fiscalía, una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones y una última de 26,6 millones.

En su escrito, Anticorrupción detalla que «todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana».

Gracias a ello, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

Entre otros movimientos de capital, la Fiscalía sostiene que, en marzo de 2014, con los ingresos recibidos de Duro Felguera, Villalobos adquirió, al menos, una parte de un inmueble situado en La Moraleja (Madrid), cuyo valor de tasación era 2,6 millones de euros.

También el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, que figura como acusado, adquirió inmuebles en España, una vivienda y dos plazas de garaje por importe de 1.078.400 euros; otros imputados compraron también inmuebles Madrid y desviaron fondos a través de sicavs (sociedades de inversión de capital variable).

Con información de ACN/EFE

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Corte Suprema de EE.UU. limita la capacidad de los tribunales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional

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Limitan capacidad de tribunales para emitir órdenes judiciales - Agencia Carabobeña de Noticias
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Limitan capacidad a tribunales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en respaldó al esfuerzo del presidente Donald Trump al verse restringido y que han obstaculizado su agenda durante meses.

Sin embargo, indicó este viernes 27 de junio, que el controvertido plan del presidente para eliminar de hecho la ciudadanía por nacimiento podría no implementarse nunca.

La Corte Suprema le concedió a Trump una parte importante de lo que buscaba: limitó la capacidad de los demandantes para solicitar órdenes judiciales a nivel nacional que suspendan temporalmente la aplicación de una política por parte del gobierno.

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Limitan capacidad a tribunales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional

Estas órdenes judiciales son el centro de la batalla que el presidente, que lleva meses en el poder judicial federal, mantiene por sus intentos de redefinir unilateralmente las políticas migratorias del país, recortar el gasto público y asumir el control de agencias independientes.

En ese sentido, la decisión representó una victoria significativa para Trump en el alto tribunal y podría tener implicaciones duraderas no solo para el resto de su administración, sino también para futuros presidentes de ambos partidos.

Así decidieron los jueces

La jueza Amy Coney Barrett, la más reciente jueza que fue designada de Trump a la Corte Suprema, redactó la contundente opinión.

“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo; resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, escribió Barrett en representación de la mayoría. “Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”.

En su opinión discrepante en nombre de los tres miembros liberales de la corte, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que la mayoría había seguido “vergonzosamente” la estrategia de la administración en el caso, lo que describió como un intento de imponer una política “manifiestamente inconstitucional” al no pedir a los jueces que la aprobaran, sino limitar el poder de los jueces federales en todo el país.

Advirtió que, según el fallo, “ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte”.

“Una amenaza existencial para el Estado de derecho”

En una mordaz disidencia individual escrita por la jueza Ketanji Brown Jackson, la designada por el expresidente Joe Biden acusó a sus colegas conservadores de crear “una amenaza existencial para el Estado de derecho” al permitir que Trump “violara la Constitución”.

Advirtió que “la anarquía ejecutiva florecerá” si ahora se exige a los jueces de tribunales inferiores que permitan a un presidente “actuar ilegalmente”.

“Con el tiempo, el poder ejecutivo se volverá completamente incontenible y nuestra querida República constitucional dejará de existir”, escribió Jackson.

Continuó: “Quizás la degradación de nuestro régimen de Estado de derecho ocurriría de todos modos. Pero la complicidad de esta Corte en la creación de una cultura de desprecio por los tribunales inferiores, sus fallos y la ley (tal como la interpretan) sin duda acelerará la caída de nuestras instituciones de gobierno, lo que facilitará nuestra desaparición colectiva”.

Reacción del Gobierno

El presidente Trump calificó el viernes la decisión como una “gran victoria”.

“¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado”, publicó Trump en Truth Social. “Felicitaciones a la secretaria de Justicia Pam Bondi, al procurador general John Sauer y a todo el Departamento de Justicia”.

Bondi respondió al fallo judicial del viernes, respaldando el esfuerzo del presidente Donald Trump por restringir las órdenes judiciales de tribunales inferiores que han obstaculizado su agenda durante meses.

“Hoy, la Corte Suprema investigó a los tribunales de distrito para DETENER el aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump. Esto no habría sido posible sin el trabajo incansable de nuestros excelentes abogados @TheJusticeDept y nuestro procurador general, John Sauer”, escribió Bondi en X. “Este Departamento de Justicia continuará defendiendo con celo las políticas de @POTUS y su autoridad para implementarlas”.

ACN/MAS/CNN

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