Nacional

Defensor de los DDHH, Walter Márquez, compareció ante el MP

Publicado

Hace 2 años

11 septiembre, 2023

Por

Paula Bauer

El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, compareció este lunes 11 de septiembre ante la Fiscalía primera del Ministerio Público en donde lo imputaron por la Ley contra el Odio.

Esto, tras denuncia formulada por el alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano; por el director General, Juan Rodolfo Martínez y el síndico, Mario Izarra.

Márquez, en declaraciones pasadas señaló que el alcalde de San Cristóbal, y el director general de esa institución, habrían cometido presuntos actos que violaba los DDHH.

“Pretenden intimidarme y no lo van a lograr, vamos a seguir denunciando las graves irregularidades cometidas en la Alcaldía de San Cristóbal, las vamos a llevar a instancias internacionales, y con el equipo de abogados vamos a preparar los argumentos de la defensa”, expresó. Márquez a las afueras del Ministerio Público este lunes.

Walter Márquez compareció ante el MP

Precisó que se trata de una simulación de hecho punible por parte del alcalde y del director. “Deberían preguntarse cuántos hermanos de Juan Rodolfo trabajan en la Alcaldía, varios de ellos. El señor alcalde cree que porque está pintando y arreglando lo va a eximir la historia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Cristóbal. Vamos a seguir actuando, no nos vamos a dejar intimidar”, agregó Márquez.

Así mismo añadió que “el Ministerio Público está siendo diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos”, enfatizó.

Sobre este caso, la coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira, Raquel Sánchez, indicó que con la denuncia a Walter Márquez se está criminalizando la defensa de los derechos humanos en el estado Táchira.

De igual manera hizo un llamado al respeto a la defensa de los derechos humanos.

Con información de ACN/ El Diario de Los Andes

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Nacional

PROVEA se pronuncia tras declaraciones del fiscal sobre detención de Eduardo Torres

Publicado

22 minutos ago

14 mayo, 2025

Gabriela Suniaga

Después de más de 96 horas sin información, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció el 13 de mayo que el defensor de derechos humanos Eduardo Torres se encuentra detenido bajo custodia del Estado venezolano.

Sin embargo, el Ministerio Público no ofreció detalles sobre la fecha, hora, lugar ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención, ni informó sobre una orden de aprehensión o el sitio donde permanece recluido.

Denuncias de desaparición forzada

El reconocimiento oficial de la detención se produjo vía Instagram, luego de días de denuncias por parte de su familia, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Torres tuvo su última comunicación con sus familiares el 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desde entonces su paradero fue desconocido.

Su esposa, Emiselys Núñez, junto con miembros de PROVEA, recorrió centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN y PNB), donde las autoridades negaron que estuviera recluido, aumentando la incertidumbre.

La falta de información oficial ha sido cuestionada, pues si su detención ya era conocida por el Estado, ¿por qué no se permitió su comunicación con familiares y abogados?, se pregunta la ONG PROVEA sobre las declaraciones del fiscal sobre Eduardo Torres.

Según organismos de derechos humanos, esta omisión prolongada podría considerarse una desaparición forzada, violando los artículos 44 y 45 de la Constitución.

Irregularidades en el debido proceso

El fiscal aseguró que Torres «fue presentado conforme a los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque su esposa y miembros de PROVEA esperaron por más de 7 horas el 11 de mayo para su presentación en tribunales, sin éxito.

Además, se denunció que el hábeas corpus solicitado por Núñez no fue recibido, argumentando la falta de una «autorización superior».

La prolongada falta de información sobre su estado y lugar de reclusión sigue representando un riesgo para su integridad física y mental, por lo que familiares y organizaciones mantienen su exigencia de una respuesta clara y garantías de sus derechos.

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