Internacional
Crisis humanitaria tras liberación masiva de migrantes en calles de San Diego de EEUU

Luego que las autoridades fronterizas liberaron en las calles del condado de San Diego en Estados Unidos, más de 7.800 solicitantes de asilo sin ningún tipo de asistencia, el gobierno de esa localidad declaró una crisis humanitaria.
La Patrulla Fronteriza llevó desde la frontera a grupos de migrantes a las ciudades de San Diego, Oceanside y El Cajón, y a una estación del sistema Trolley de transporte.
La Junta de Supervisores del condado de San Diego declaró por unanimidad la emergencia y urgió al gobierno federal a hacerse cargo de atender a estos solicitantes de asilo.
Migrantes en calles de San Diego de EEUU
Parte de los migrantes encontraron ayuda de sus patrocinadores, las personas que los alojarán y se harán cargo de sus gastos mientras tramitan asilo, pero muchas otras familias permanecen por días a la intemperie.
La frontera de México y Estados Unidos experimenta en los últimos días una nueva ola masiva migratoria que saturó ciudades de California, Texas y Arizona, y que llevó al gobierno mexicano a comprometerse el fin de semana con Estados Unidos a deportar estos migrantes en su territorio.
La Patrulla Fronteriza no respondió solicitudes de la prensa, pero a mediados de septiembre informó a organizaciones civiles que había comenzado a dejar grupos de migrantes en las calles para despejar sus instalaciones, que estaban colapsadas.
La Junta pidió al gobierno federal que designe recursos y personal para ayudar a los solicitantes de asilo y conectarlos con sus patrocinadores y destinos finales para evitar las liberaciones en las calles.
Subrayó además su oposición a los traslados de solicitantes de asilo desde otros estados y jurisdicciones.
El condado enviará una carta detallada al gobierno federal sobre las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales locales y las comunidades, según la declaración bipartidista.
Con información de ACN/efe
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Internacional
Tribunal colombiano habría ordenado embargo de cuentas de empresas de Álex Saab

Medios internacionales informaron de un presunto embargo millonario a cuentas del empresario colombo-venezolano Álex Saab y a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.
Según informó el medio El Colombiano, un juzgado civil de Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos a las cuentas del también ministro de Industria venezolano, La decisión judicial incluye a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.
“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Morán y Cynthia Eugenia Certain Ospina”, ordena el fallo. El mismo limita la medida cautelar a una suma exacta de 831’249.994 pesos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito.
Embargos a cuentas de Saab
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias advirtió que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables. Y estos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, de acuerdo con el fallo.
Así mismo, ordenó que los dineros retenidos sean consignados en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
En mayo de 2024, un tribunal de primera instancia absolvió a Saab de varios cargos, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará la decisión, alegando que existen pruebas suficientes que vinculan al empresario con la creación de compañías fachada para mover fondos ilícitos. Según el ente acusador, estas empresas mostraron un crecimiento inusual de 923% en sus movimientos financieros.
A comienzos de 2025, un juez ordenó devolverle a Saab una mansión ubicada en el norte de Barranquilla, incautada en 2021 por la Fiscalía. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la propiedad seguirá bajo su control hasta que emitan una sentencia definitiva.
Con información de: El Colombiano / El Nacional
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