Internacional
Más de cien trabajadores de la ONU muertos en conflicto entre Israel y Hamás

En un mes marcado por la violencia en la Franja de Gaza, más de cien trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) han muerto debido a intensos bombardeos por parte de Israel, en respuesta al ataque del grupo islamista palestino Hamás el pasado 7 de octubre.
Philippe Lazzarini, comisario general de la UNRWA, expresó su pesar en redes sociales: “Devastado. Se ha confirmado la muerte de más de 100 compañeros de la UNRWA en un mes. Padres, maestros, enfermeras, médicos, personal de apoyo”.
Además, un ataque directo al Hospital al Shifa de Gaza causó 13 muertos y decenas de heridos; mientras las fuerzas israelíes se aproximan al centro y exigen su evacuación, según informó la Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza, controlada por Hamás.
El Ejecutivo de la Franja detalló: “13 muertos y decenas de heridos en el bombardeo israelí del complejo médico de Al Shifa”.
Cien trabajadores de la ONU muertos en Gaza
Asimismo, informaron que las tropas israelíes rodean hospitales infantiles y de salud mental en la ciudad de Gaza; exponiendo a miles de pacientes y personal médico a condiciones críticas.
El portavoz de Sanidad de Gaza alertó sobre la situación: “Miles de pacientes, personal médico y personas desplazadas están atrapados dentro de los hospitales sin agua ni alimentos y expuestos a la muerte en cualquier momento”.
Además, se reportó otro “ataque directo al Hospital al Rantisi, especializado para niños”, intensificando la crisis humanitaria en la región.
Con información: ACN/EFE
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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