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Asesinaron a un político del partido del presidente electo de Guatemala

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Asesinaron a político de Guatemala - acn
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En un ataque armado asesinaron a un político del partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, este jueves cerca de la frontera con México.

Según medios locales el ataque ocurrió en una carretera del poblado indígena de San Pedro Necta (oeste), en circunstancias aún no esclarecidas.

La víctima quedó identificada como Aníbal Ramírez, candidato en junio pasado a síndico de la corporación municipal de ese poblado maya por el Movimiento Semilla del presidente electo Arévalo.

En el ataque también murió Mercy Morales, esposa de Ramírez que lo acompañaba en una camioneta, confirmaron dirigentes de Semilla.

Asesinaron a político del partido del presidente  de Guatemala

«Aníbal fue un ciudadano comprometido con transformar su comunidad, siempre usando su voz para denunciar la corrupción. Hoy la maldita violencia les arrebató la vida a él y a su esposa Mercy», escribió en la red X (antes Twitter) la diputada de Semilla, Ligia Hernández.

«Desde el Movimiento Semilla exigimos que se dé con los responsables de este horrendo crimen para que haya justicia por ellos», añadió la congresista.

El partido Semilla se encuentra bajo investigación del Ministerio Público (Fiscalía), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.

El opositor Arévalo calificó  las pesquisas, lideradas por el fiscal Rafael Curruchiche, como un «golpe de Estado» en curso para evitar que asuma el cargo el próximo 14 de enero.

Porras y Curruchiche están sancionados por Estados Unidos que los añadió a una lista de personajes «corruptos» de Centroamérica.

Por su parte la comunidad internacional rechazó las acciones de la Fiscalía, y llamó a respetar el resultado del balotaje presidencial del pasado 20 de agosto, en el que Arévalo, con un fuerte mensaje anticorrupción, venció a la exprimera dama Sandra Torres.

 

Con información de AFP

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Internacional

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

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Gobierno de EEUU solicita deportar venezolanos
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A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.

El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.

El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.

Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.

Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.

La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.

Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.

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