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Gobierno de República Dominicana incrementa deportaciones de haitianos

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República Dominicana ha deportado a más de 119.000 ciudadanos haitianos en los primeros cuatro meses de 2025, lo que representa un aumento del 71% en comparación con el mismo período del año anterior, según informó la Dirección General de Migración (DGM).

El incremento en las repatriaciones responde a una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, quien fue reelegido en mayo de 2024 para un segundo mandato.

«La Dirección General de Migración (DGM) repatrió en el mes de abril 32.540 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en el país, para completar la cifra de 119.003 en el cuatrimestre enero-abril del 2025», informó el organismo en un comunicado.

El documento también destaca que «la cifra representa un incremento del 71% en comparación con el mismo período del año anterior». En 2024, el total de deportaciones ascendió a 276.215.

Como parte de las acciones migratorias, República Dominicana inició el 21 de abril redadas en hospitales públicos para identificar a mujeres haitianas que buscan atención médica para dar a luz.

En algunos centros de salud, estos casos han superado la cantidad de atenciones a ciudadanas dominicanas, según datos oficiales, informó el medio Diario de Las Américas.

El comunicado de la Dirección de Migración también señala que la institución ha sido sometida a un proceso de reorganización que contempla el aumento del número de agentes migratorios.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó las deportaciones, rechazando «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales» de los ciudadanos haitianos en República Dominicana.

El organismo alertó que «las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones de estos ciudadanos haitianos son especialmente preocupantes».

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) afirmó que «ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial».

El gobierno de Luis Abinader aseguró su disposición a colaborar con Haití, pero reiteró que «toda nación tiene derecho de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio».

En medio del debate migratorio, decenas de dominicanos convocados por una ONG nacionalista protestaron frente al Palacio de Gobierno en Santo Domingo, exigiendo al presidente Abinader frenar lo que califican como la «haitianización» del país.

 

Con información de Diario Las Américas y AFP

Foto de Erika SANTELICES/AFP

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Internacional

Panamá suspende garantías constitucionales por fuertes protestas y disturbios

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Panamá suspende las garantías constitucionales -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía
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El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, ha anunciado la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» durante cinco días en la provincia caribeña de Bocas del Toro –fronteriza con Costa Rica– ante las protestas en la zona que han dado lugar saqueos de comercios y el bloqueo de carreteras, unos disturbios provocados en respuesta a la reforma de pensiones aprobada en marzo.

«Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños. Es por ello que el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden», ha declarado en rueda de prensa Orillac.

Ya el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advertía de una reunión en la que se valoraría «tomar acciones constitucionales» en la provincia donde se han registrado ataques contra edificios públicos, comercios e incluso el aeropuerto de la región.

La Policía de Panamá ha implementado la operación Omega

Las protestas comenzaron en el mes de abril y el Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado 27 de mayo. Asimismo, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos, para hacer frente a esta oleada de protestas cuyo objetivo es «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.

Esta misma semana el Gobierno ha aprobado una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria bananera gracias a la cual se habían conseguido acabar con ciertos bloqueos, sin embargo, otros sectores como los educadores y grupos indígenas han liderado estas nuevas protestas y han vuelto a ocupar las calles de la región, según informa el diario ‘El Siglo’.

«Los ministros de Comercio e Industria y de Trabajo dialogaron con los trabajadores y representantes sindicales del sector bananero durante aproximadamente tres semanas, adquiriendo el compromiso de presentar un proyecto de ley propuesto por el sector con la condición de reabrir las vías de manera total», ha aseverado el ministro de la Presidencia.

Con información de: ACN/ EUROPA PRESS

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