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ONU denuncia muertes en operaciones de fuerzas de seguridad en Venezuela

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Al menos cinco personas han muerto en el contexto de operaciones de fuerzas de seguridad en Venezuela desde julio de 2022, denunció hoy el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien también destacó que continúan las detenciones arbitrarias y los ataques a periodistas en el país.

La oficina que dirige el alto comisionado austríaco ha recibido denuncias sobre otros posibles asesinatos vinculados a operaciones de seguridad, indicó en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El alto comisionado añadió que, aunque se han abierto investigaciones sobre algunos de estos casos y otros anteriores, muchos de ellos siguen sin resolverse años después, y las audiencias judiciales son sistemáticamente pospuestas.

ONU denuncia muerte

Türk también manifestó su preocupación por la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, “incluyendo personas que siguen detenidas después de que se hayan dictado órdenes de liberación, o individuos que permanecen bajo custodia antes de juicio una vez superados los límites legales”.

Por otro lado, “defensores de derechos humanos y periodistas continúan sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, señaló el alto comisionado, quien subrayó que seis líderes sindicalistas llevan detenidos nueve meses en el país bajo la acusación de conspiración y asociación criminal.

Türk subrayó en todo caso una mejora en la colaboración entre su oficina y el Gobierno de Nicolás Maduro, que se ejemplificó con su reciente visita a Venezuela en enero, donde se reunió con el propio presidente, con otros máximos líderes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con representantes de la sociedad civil.

Han colaborado en la liberación de más de 300 detenidos

Desde el establecimiento en 2019 del equipo de la oficina en Venezuela, éste ha podido visitar 60 centros de detención, indicó el alto comisionado, quien subrayó que “cada mes el equipo se reúne con más de cien miembros de la sociedad civil y con víctimas”, habiendo colaborado en la liberación de más de 300 detenidos.

Türk destacó además “esperanzadores signos de mejora económica” en Venezuela, aunque subrayó que la nación suramericana “continúa afrontando serios desafíos de derechos humanos en la esfera civil, política, económica y social”, y pidió el levantamiento de sanciones sectoriales contra el país.

En respuesta a la declaración del alto comisionado, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, aseguró que su país “toma nota de las preocupaciones expresadas”, aunque afirmó que el debate sobre su país en el Consejo de los Derechos Humanos está excesivamente politizado.

“Nos resulta muy triste que el alto comisionado se vea obligado a hablar sobre Venezuela amparado en una resolución que hemos rechazado firmemente como muestra de selectividad y politización”, destacó el diplomático.

Constant añadió que “no se puede hablar de los derechos humanos en Venezuela sin abordar el terrible impacto de las ilegales coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países que violan el derecho internacional”.

Esas más de 900 sanciones, afirmó, “han generado que hayamos dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares en los últimos nueve años”.

Con información de EFE

No dejes de leer: Venezuela rechazó informe de DD.HH. emitido por EE.UU.

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Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional

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Población respalda capital privado en sector eléctrico - Agencia Carabobeña de Noticias
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Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.

Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.

La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.

El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.

Población respalda capital privado en sector eléctrico

Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».

En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.

La realidad salarial

Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.

En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.

En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.

Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.

De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.

El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.

ACN/MAS/Banca y Negocios

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