Internacional
Gobierno exigió penalizaciones a funcionarios colombianos por antejuicio

Acciones penales y administrativas exigió el Gobierno de Venezuela al Colombia. En un una nota de protesta el el Jefe de Estado solicitó sanciones contra funcionarios. Se trata del grupo que consintió celebrar en Colombia el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.
El encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, recibió el comunicado por el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez.
Los altos funcionarios colombianos violaron principios fundamentales del Derecho Internacional. Permitieron la celebración de la sesión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la Sede del Congreso. Así lo aseguraron en el escrito.
En el texto se lee que también vulneraron la soberanía, la libre elección de sistema político, económico y social. Transgredieron las normas internacionales de no injerir en los asuntos de otros países. Atentaron contra la buena vecindad y justa correspondencia diplomática.
Ante esta situación exhortaron al Estado colombiano a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Con el propósito de cumplir tanto de su propia legalidad como de las normas internacionales. El llamado incluye responsabilizar administrativa y penalmente a los implicados.
Antejuicio de mérito contra Maduro
El antejuicio de mérito contra el Presidente se celebró el 3 de abril en Colombia. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como se hacen llamar, realizaron esa sesión. El objetivo es enjuiciar a Maduro por supuestamente estar incurso en delitos de corrupción con la constructora brasileña, Odebrecht.
El inicio del antejuicio fue posible por una solicitud que consignó el Tribunal Supremo en el exilio. Ese TSJ que está en el extranjero, fue designado por la Asamblea Nacional. Su legitimidad no es reconocida por el Gobierno que conformó un Tribunal con magistrados de tendencia oficialista. De esa misma corriente constituyó una Asamblea Nacional Constituyente, paralela al parlamento nacional. Esto fue posible tras una consulta popular.
ACN/Ministerio de Relaciones Exteriores
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Internacional
Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»

Funcionarios del gobierno de EE.UU., creen que la amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error» tras el envío de una carta. La referida misiva que desencadenó un conflicto con la Universidad de Harvard, pudo haber sido enviada por error. Así lo informó The New York Times (NYT), citando a fuentes con conocimiento de la cuestión.
La Casa Blanca envió la semana pasada un correo electrónico a la prestigiosa institución con una «lista actualizada y ampliada de demandas». Esto en respuesta a una ola de protestas propalestinas que se han desarrollado en los campus universitarios del país. En ella, se advertía a Harvard que se debían cumplir con estas exigencias para mantener el apoyo financiero del Estado.
La comunicación estaba firmada por Sean Keveney, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del grupo de trabajo sobre antisemitismo. No obstante, poco después de su envío un funcionario se comunicó con Harvard. Este le informó a la institución que se trataba de una carta «no autorizada» y que no debía haberse enviado, según dijeron las fuentes al NYT.
Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»: contradicciones internas
Aún no está del todo claro dentro de la Administración por qué se decidió mandar la carta. De acuerdo con las fuentes, un grupo de funcionarios sostiene que se había enviado prematuramente. Mientras que otro afirma que era únicamente para circulación interna.
La institución rechazó las demandas, tachándolas de «excesivas e ilegales». Ante la negativa, el Gobierno retiró la financiación federal a la universidad. Asimismo, anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales asignados.
Por su parte, May Mailman, estratega política principal de la Casa Blanca, culpó a la universidad por no revisar el documento antes de hacerlo público. Acusó además a la institución de «emprender una campaña de victimización«.
En tanto, Harvard rechazó esta crítica, afirmando que la carta llevaba firmas federales oficiales. «Fue firmada por tres funcionarios federales, con membrete oficial, desde el buzón de un alto funcionario federal», precisó la institución.
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