El Observatorio Electoral Venezolano, a través de un comunicado firmado por sus directores Carlos Medina, Ignacio Ávalos y Luis E. Lander, mostró “una vez más su alarma por la calidad del arbitraje electoral venezolano, cuya actuación sesgada alimenta el escepticismo y la desconfianza, con respecto a una herramienta fundamental de la convivencia social: el sufragio”.

A juicio de esta organización, el país nuevamente transita un proceso en el que se imponen condiciones que contravienen los principios universalmente exigidos para la celebración de elecciones democráticas.

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El documento señala que, ya con el hecho de que la propia convocatoria haya sido hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, el proceso comienza de mala manera, «violando la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)», en cuyas disposiciones se señala al Consejo Nacional Electoral (CNE) como el único organismo encargado para anunciar dicha convocatoria, en correspondencia con los períodos legalmente establecidos.

«En primer lugar, fija arbitrariamente el día de la elección, atropellando los tiempos indispensables para organizar y ejecutar un proceso electoral imparcial, confiable y en igualdad de condiciones para todos».

Así mismo, las autoridades electorales llaman a los partidos políticos y ciudadanos por iniciativa propia a inscribir candidatos antes de convocar formalmente las elecciones, excluyendo como postulantes a los grupos de electores. Además, señalan que publican tardíamente el cronograma electoral, luego de dar a conocer a “cuentagotas” algunas fechas.

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Continúa el comunicado señalando que el CNE no pone al día el Registro Electoral, privando del ejercicio del derecho al voto a alrededor de un millón de ciudadanos. Igualmente, mantiene los miembros de mesa de las elecciones anteriores, seleccionados a través de un mecanismo que no fue público, contraviniendo así la legislación vigente.

«Adicionalmente, el ente comicial decidió no llevar a cabo, sin que mediara explicación alguna, la elección de los concejales, legalmente fijada para realizarse de manera conjunta con la de los alcaldes, como complemento indispensable del gobierno local».

“Por su parte, la repetición de las elecciones en Zulia, tras la declaración de ‘falta absoluta’ del cargo de gobernador por la negativa de Juan Pablo Guanipa de juramentarse ante la ilegítima ANC, representa una violación al Estado de derecho y a la voluntad popular expresada el pasado 15 de octubre”, agrega el Observatorio Electoral Venezolano.

Nota de prensa.