Internacional
Tripulante de avión retenido en Argentina niega vínculos con terrorismo

Tripulante de avión retenido en Argentina niega vínculos con terrorismo. Uno de los tripulantes de la aeronave de carga iraní-venezolano que se encuentra retenido en Argentina mientras se investigan posibles vínculos con el terrorismo internacional negó este lunes que el motivo de viajar al país suramericano tuviera una «intención oculta»; pidió que se les permita poder continuar con su trabajo.
«Nosotros no vinimos aquí con ninguna intención oculta ni nada oscuro. Mostramos todas las pruebas de nuestro trabajo y de lo que nosotros vinimos a hacer. La aeronave fue revisada por las autoridades y no encontraron algo que les llamara la atención»; explicó Víctor Pérez, gerente general de operaciones de la compañía estatal venezolana Emtrasur, en declaraciones a Radio con Vos.
Pérez, que junto al resto de los tripulantes se encuentra alojado en un hotel de Ezeiza, sin poder salir de Argentina pero con libertad de movimiento dentro del país; pidió hoy que «se diga la verdad» y advirtió que esta situación puede terminar con las operaciones de la empresa y con sus puestos de trabajo.
Tripulante de avión retenido en Argentina niega vínculos con terrorismo
El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa); empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, la aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible; pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Pero en Argentina las petroleras no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos. «No tenemos cómo evaluar qué fue lo que causó que no nos abastecieran combustible, a pesar de haber hecho todas las diligencias pertinentes para eso, inclusive haber hecho los pagos respectivos»; señaló el gerente de Emtrasur.
Fue el día 11 de este mes cuando se conoció que el Gobierno argentino inmovilizó el avión, y pocos días después el juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los tripulantes -cinco iraníes y 14 venezolanos-; así como incautar el avión para obtener más datos sobre la nave y qué hacía en Buenos Aires la tripulación del vuelo.
Por qué iraníes
El caso está generando una fuerte polémica en Argentina; país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 -contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires- por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.
Pérez aseguró que al momento de comprar la aeronave, en 2021, una de las cláusulas del contrato de compraventa incluía la asistencia técnica; por la que era necesaria la presencia de los iraníes, como instructores.
«Un aeronave de ese porte necesita que haya un traspaso o trasferencia de todas las partes técnicas con relación a esa aeronave en específico. Y es ahí donde nosotros tenemos esa asistencia técnica con pilotos y mecánicos, ingenieros de vuelo para poder nosotros entrenar a todas nuestras tripulaciones en la aeronave en específico»; agregó el venezolano.
Explicó que la empresa iraní fue la que ofreció mejores condiciones para la compra del avión: «Buscamos en el mercado otras opciones y lamentablemente por factores que no podemos inferir fue esta empresa la que tuvo a bien hacer esa venta y adecuación de la aeronave para nuestros requerimientos»; indicó.
Señalan a Ghasemi
La semana pasada, fuentes judiciales confirmaron a Efe que el piloto, el iraní Gholamreza Ghasemi, tiene un presunto «vínculo» con la Fuerza Quds; una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán -definida por Estados Unidos como una organización terrorista-; según un informe enviado por el FBI a la Justicia argentina.
Sobre Ghasemi, Pérez señaló que es el instructor de los capitanes y de los primeros oficiales y en ningún momento notaron en él «cualquier tipo de actitud» sospechosa, «Ellos son unas personas muy profesionales en su trabajo»; especificó.
El gerente detalló que empezaron a usar el avión retenido en febrero pasado, que el Estado venezolano lo compró para trasladar insumos médicos necesarios por la pandemia de covid-19; es la única aeronave con la que está operando Emtrasur. Matizó que con el avión también ofrece servicios de carga.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Justicia de República Dominicana absolvió a venezolana acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La venezolana Karla María Moya Boada, quedó absuelta de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina, de la cual se le acusaba en República Dominicana. Es el segundo fallo a favor de la doctora.
La nueva sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y entregada a las partes el pasado martes 27 de mayo, de acuerdo con el medio Diario Libre.
“Declara no culpable a la imputada Karla María Moya Boada (…) y a la entidad Láser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada”, señala el fallo. Ya en agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado había emitido un fallo similar a favor de la doctora.
Reiteró que es inocente
En declaraciones ofrecidas a medios dominicanos, Moya expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy me place buscar la sentencia que por segunda vez y de manera definitiva me descarga de la injuria que fui víctima de ejercer medicina ilegal en República Dominicana», expresó.
Aseguró que nunca incurrió en dicho delito, «a pesar de graduarme de medicina en mi país, donde trabajé ejerciendo mi profesión de médico graduada en la Universidad Central de Venezuela”.
El caso adquirió notoriedad pública luego de que el programa televisivo de la periodista Nuria Piera expusiera, a través de varios reportajes, que Moya Boada ejercía sin contar con los títulos correspondientes que la acreditaran como profesional en el área de la medicina estética.
Medios locales que accedieron a la sentencia aseguraron que el Tribunal no admitió por tecnicismos varias pruebas que comprueban que efectivamente ejercía de manera ilegal.
El programa televisivo que destapó el caso también contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
Anuncia demandas por difamación
Karla Moya Boada anunció que ha instruido a sus abogados para interponer acciones legales contra quienes la acusaron, afirmando que fue objeto de una “vil acusación”. Aunque no reveló nombres, dejó claro que entre los señalados habría colegas médicos y compatriotas venezolanos.
La decisión judicial también revoca todas las medidas de coerción que pesaban contra Moya, entre ellas: garantía económica de 2 millones de pesos dominicanos, prohibición de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante autoridades.
Con información de: El Nacional
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