Sistema Procesal Penal Venezolano: Por José Luis Centeno S.- El Socialismo del Siglo XXI expone al profesional del derecho a episodios contradictorios, particularmente en materia penal; a la par de las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se gestaron prácticas judiciales alejadas del propósito de este instrumento legal, tornando al Sistema Garantista en una frágil referencia de un deber ser, máxime en el caso de los presos políticos.

Ese despropósito es pues, a la vez, desafío y condición de posibilidad del pensamiento, realidad manifiesta en la obra “Sistema Procesal Penal Venezolano”, escrita por el abogado Leonardo Pereira Meléndez, un erudito jurista larense, aunque lo propio sería decir, caroreño, de verso sensible y verbo impetuoso, opuesto a las sinrazones de la vida y de la práctica jurídica.

La tendencia de este régimen de no creer en las leyes, “mucho menos en el Estado de Derecho ni en la justicia”, afirma opiniones de Pereira Meléndez: “el sistema adversarial acusatorio en Venezuela murió hace tiempo, y nadie ni siquiera le puso una vela”,  y lleva también a pensar su obra como algo abierto, donde se plantean problemas y preguntas que se cruzan y enriquecen unos a otros en favor del ejercicio profesional del derecho.

Desde una perspectiva académica, hablamos de una investigación rigurosamente documentada, propia de su condición de Profesor universitario, con citas doctrinarias de primer orden, pertinentes y variadas referencias bibliográficas, menciones a tratadistas patrios y foráneos, análisis jurisprudencial y conceptual, todo ello relacionado con el COPP “que nació antes de la Constitución vigente, y que nunca se ha aplicado a cabalidad”.

La lectura de la obra nos adentra en un sagaz contraste del sistema inquisitivo y acusatorio, denotando como este último, el nuevo sistema procesal venezolano, sabiamente caracterizado y explicado por el autor, en apariencia firme a partir de la entrada en vigencia del COPP, es avasallado por las rémoras del primero, dando lugar a los absurdos o abusos contenidos en decisiones judiciales, a nivel de todas las instancias, como expresión despótica de la justicia.

En línea con nuestros análisis sobre casos de presos políticos, capítulos tales como “LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”, adquieren especial significación por la prolongación excesiva de la privativa de libertad, sin formula de juicio, a los presos políticos Lorent Saleh, Kamel Salame y Antonio José Garbi, y ante la muerte del concejal Fernando Albán y la privación de libertad de la médico neumóloga y abogada Maryuri Medina.

El capítulo “PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL” constituye una clara advertencia de las “penas prohibidas en la Carta Política Fundamental” dentro “del ejercicio represivo del Estado”, “verbigracia la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura, la desaparición forzada, los tratos inhumanos, crueles o degradantes”, que aplicadas con total desparpajo admiten la omisión de “las demarcaciones a la coerción penal” instauradas en la Carta Magna.

Araminta González, Inés González Árraga, Marcelo Crovato, Villca Fernández, son sólo algunos de los ex presos políticos que pudiesen confirmar lo asentado por Leonardo Pereira Meléndez en relación al desconocimiento de las garantías procesales, en cuanto derechos reconocidos constitucionalmente, negados tanto a los hermanos Guevara como a los comisarios, Policías Metropolitanos y militares.

En el capítulo “LA DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA INQUISITIVO Y ACUSATORIO”, la descripción del sistema inquisitivo semeja la reseña de una grave realidad con riesgo de ser asumida con pasmosa normalidad, quizás por la alta ocurrencia de los vicios que le son intrínsecos en un contexto cargado de violencia e impunidad.

El caso del Diputado Juan Requesens, salta a la vista, también el de Rosa Virginia González, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría, José Pérez Cisneros, José Alberto Marulanda y tantos otros vapuleados por quienes se comportan como Torquemada.

“EL COPP: MITOS Y REALIDADES”, un capítulo donde el autor expone cómo se han acentuado en el Sistema Judicial Venezolano los problemas que muchos pensaron se acabarían con la derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal. Al respecto, es elocuente esta afirmación del escritor:

“…haciendo gala de una ilegalidad suprema, magistrados -con minúscula- niegan o conceden a su libre arbitrio, sin motivación o fundamentación alguna, lo que es obligatorio en pleno derecho: La libertad.”

En esta obra del dilecto amigo Leonardo Pereira Meléndez, la interpretación metodológica, constitucional y legal del nuevo sistema procesal penal venezolano, conduce a poner en contexto una realidad donde los abusos y aberraciones pugnan por superar la sapiencia y experiencia de los profesionales del derecho, exigiéndoles mayor claridad sobre la significación y alcance de leyes, doctrina, jurisprudencia y procedimientos a los fines de hacer frente a la ilicitud e inconstitucionalidad de decretos judiciales.

Nota al margen: Sistema Procesal Penal Venezolano, obra de Leonardo Pereira Meléndez editada y distribuida por la Librería Álvaro Novoa, C.A. se consigue en la sede de esta empresa en Caracas, a media cuadra de la Plaza Bolívar, también en Publicaciones Jurídicas El Litigante, diagonal al Palacio de Justicia de San Cristóbal, Estado Táchira.

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