Las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a cualquier desastre natural. A diferencia del resto de la población, no pueden evacuar por sus propios medios ni decidir dónde resguardarse, por lo que dependen absolutamente de quienes ejercen su custodia.

Los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que ocasionaron afectaciones en La Guaira, Miranda, Falcón, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, plantean una pregunta aún sin respuesta oficial: ¿qué protocolos fueron activados para proteger la vida de los privados de libertad y garantizar la seguridad de los centros de reclusión, considerando que se han registrado al menos 1.388 réplicas?

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que las personas recluidas en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (D.I.E.P.) de la Policía del estado La Guaira, en Caraballeda, fueron evacuadas tras el movimiento telúrico.

Sin embargo, posteriormente 25 mujeres fueron reingresadas a las instalaciones, mientras se desconoce la situación de los hombres detenidos en ese centro.

El OVP también señaló que este grupo requiere alimentos y otros insumos básicos, debido a que sus familiares no han podido hacerlos llegar.

En el Internado Judicial Rodeo I, estado Miranda, familiares denunciaron daños en las hileras B y C y en las columnas tras los sismos.

Indicaron que un ingeniero del Ministerio para el Servicio Penitenciario, identificado como Miguel Aponte, acudió al recinto para una supuesta evaluación de la cual no existe información pública.

“Ellos estaban encerrados en sus celdas cuando sintieron el terremoto, dijeron que caían pedazos de bloques y que luego de 45 minutos fue que llegaron los custodios a sacarlos porque ellos pegaban gritos. Después los mantuvieron en el patio hasta las 2:00 a. m. o 3:00 a. m.”, relataron los parientes al OVP.

Hasta ahora, ninguna institución ha informado cuál es la situación de los privados de libertad en las zonas afectadas ni qué medidas se adoptaron para garantizar su seguridad.

Revisión de cárceles y calabozos

Los estándares internacionales de ingeniería establecen que, tras un sismo, deben inspeccionarse columnas, vigas, losas, muros portantes, cimentaciones, instalaciones eléctricas y sistemas hidráulicos.

Estas revisiones son aún más urgentes en centros de reclusión, donde los internos no pueden abandonar las instalaciones por iniciativa propia.

En Venezuela, la necesidad es mayor debido al deterioro progresivo de cárceles y calabozos policiales: filtraciones, grietas, fallas de mantenimiento, hacinamiento y uso prolongado de espacios no diseñados para albergar personas incrementan la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales.

Experiencias regionales

En países con alta actividad sísmica como Chile, México y Colombia existen normativas específicas para proteger a la población carcelaria.

Chile aplica planes de contingencia a través de Gendarmería; México obliga a cada penal a contar con un Programa Interno de Protección Civil; y Colombia, mediante el Inpec, exige planes de emergencia, brigadas entrenadas y simulacros de evacuación.

El factor común es la existencia de una base institucional sólida sustentada en leyes, entrenamiento y autoridades con responsabilidades claras, en contraste con la situación venezolana, donde no se han identificado protocolos públicos equivalentes.

Exigencia del OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a informar públicamente sobre la situación de los privados de libertad en las zonas afectadas y a impulsar una reforma del Código Orgánico Penitenciario —aprobado en 2015 y aún sin reglamento— para incluir protocolos específicos frente a terremotos y otras emergencias como incendios.