Internacional
Estados Unidos sentensió a 27 meses de prisión a exalcalde venezolano

Un juez federal de Florida, EE. UU., sentenció al exalcalde venezolano, Jhonnathan Marín a poco más de dos años (27 meses) de prisión más un año de libertad vigilada por haber conspirado para lavar dinero de la corrupción, según documentos judiciales.
El juez federal Robert Scola aceptó una petición de la Fiscalía para reducir la pena del exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui, por haber “asistido de manera sustancial” al Gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.
El ahora condenado, que en junio pasado se había declarado culpable del cargo de asociación ilícita para cometer lavado de dinero, se enfrentaba a una pena máxima de cinco años de prisión.
EE. UU. dicta prisión a exalcalde venezolano
Marín, de 44 años, fue alcalde de la ciudad venezolana portuaria de Guanta por casi una década hasta que renunció en 2017 y huyó de su país en medio de una purga en la empresa petrolera estatal Pdvsa.
El Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ordenó su arresto por corrupción y le prohibió ejercer cargos públicos.
Ante el juez Scola, Marín admitió que aceptó unos 3,8 millones de dólares en sobornos de un socio no identificado para ejercer su influencia sobre funcionarios de empresas filiales de Pdvsa con Chevron, Total y otras compañías petroleras.
De acuerdo con documentos de su expediente, en Estados Unidos lavó más de 1,2 millones de dólares, que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá.
Según la orden del juez Scola, Marín debe entregarse a las autoridades carcelarias este jueves al mediodía y tiene dos semanas para apelar la sentencia.
El juez incluyó en su sentencia una petición de la Fiscalía para que devuelva los 3,8 millones de dólares obtenidos mediante sobornos.
ACN/EFE
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Internacional
Putin no va a cumbre de los BRICS en Brasil, por la orden de arresto del CPI

Vladimir Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS que se celebra en Río de Janeiro, Brasil, por temas relacionados a la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso.
Así lo confirmó este miércoles Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, quien explicó que Putin participará del evento por videoconferencia y que la delegación será encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
En 2023 el mandatario ruso tampoco pido asistir a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica por este mismo motivo; la vigencia de una orden internacional de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de guerra. Específicamente por la deportación ilegal de menores ucranianos desde zonas ocupadas por las fuerzas rusas hacia el territorio de la Federación Rusa. Brasil, como uno de los 123 países signatarios del Estatuto de Roma, está obligado en principio a cumplir con esa orden si Putin pisara suelo brasileño.
Putin no irá a cumbre de los BRICS
“Hubo ciertas dificultades en relación con los requisitos del TPI. En ese contexto, el Gobierno brasileño no logró adoptar una posición clara que permitiera la participación de nuestro presidente en esta reunión”, declaró Ushakov, citado por la agencia estatal Interfax. El vocero del Kremlin también confirmó que la cita se celebrará los días 6 y 7 de julio y que, en lugar de Putin, Lavrov encabezará la representación rusa.
La ausencia del líder ruso vuelve a poner en evidencia las consecuencias diplomáticas de la acusación emitida en marzo de 2023 por la Corte con sede en La Haya. Las msima también involucran a María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. Ambos están señalados como “presuntos responsables” de la deportación ilegal de población infantil ucraniana, una conducta tipificada como crimen de guerra en el artículo 8 del Estatuto de Roma.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros del TPI, pero Kiev ha reconocido la jurisdicción del tribunal y colabora con la investigación. Moscú, por el contrario, ha desestimado la orden y considera que el tribunal carece de legitimidad, dado que no ha firmado ni ratificado su tratado constitutivo. A pesar de ello, la orden tiene efectos prácticos: Putin se ve impedido de viajar a más de un centenar de países, entre ellos Brasil, donde lo podrían detener.
Con información de: Infobae
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