Internacional
Estados Unidos sentensió a 27 meses de prisión a exalcalde venezolano
Un juez federal de Florida, EE. UU., sentenció al exalcalde venezolano, Jhonnathan Marín a poco más de dos años (27 meses) de prisión más un año de libertad vigilada por haber conspirado para lavar dinero de la corrupción, según documentos judiciales.
El juez federal Robert Scola aceptó una petición de la Fiscalía para reducir la pena del exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui, por haber “asistido de manera sustancial” al Gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.
El ahora condenado, que en junio pasado se había declarado culpable del cargo de asociación ilícita para cometer lavado de dinero, se enfrentaba a una pena máxima de cinco años de prisión.
EE. UU. dicta prisión a exalcalde venezolano
Marín, de 44 años, fue alcalde de la ciudad venezolana portuaria de Guanta por casi una década hasta que renunció en 2017 y huyó de su país en medio de una purga en la empresa petrolera estatal Pdvsa.
El Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ordenó su arresto por corrupción y le prohibió ejercer cargos públicos.
Ante el juez Scola, Marín admitió que aceptó unos 3,8 millones de dólares en sobornos de un socio no identificado para ejercer su influencia sobre funcionarios de empresas filiales de Pdvsa con Chevron, Total y otras compañías petroleras.
De acuerdo con documentos de su expediente, en Estados Unidos lavó más de 1,2 millones de dólares, que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá.
Según la orden del juez Scola, Marín debe entregarse a las autoridades carcelarias este jueves al mediodía y tiene dos semanas para apelar la sentencia.
El juez incluyó en su sentencia una petición de la Fiscalía para que devuelva los 3,8 millones de dólares obtenidos mediante sobornos.
ACN/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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