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La historia de Jesús Rafael Álvarez, segundo preso político en morir bajo custodia del Estado

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Jesús Rafael Álvarez
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Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad, quien se encontraba detenido como preso político tras ser arrestado en el contexto de las manifestaciones poselectorales, falleció el 12 de diciembre en las instalaciones del Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. Sin embargo, su familia no fue notificada del deceso.

 

Su cuerpo fue ingresado a la morgue del hospital local, pero el mayor de sus tres hijos se enteró del fallecimiento recién la noche del 13 de diciembre a través de las redes sociales.

Al acudir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), le mostraron una fotografía con la que confirmó que se trataba de su padre. Allí le indicaron que debía trasladarse al penal para retirar un documento necesario para iniciar los trámites de retiro del cadáver ante el CICPC.

Jesús Rafael Álvarez, segundo preso político en morir bajo custodia del Estado

El joven fue hasta la cárcel de Tocuyito, pero las autoridades del penal negaron que había fallecido un interno. Desesperado, el joven denunció la situación al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y grabó un video exponiendo el caso.

Al día siguiente, tras las múltiples denuncias y declaraciones a medios de comunicación regionales, finalmente fue atendido en el penal y desde allí lo trasladaron a la subdelegación del CICPC en Tocuyito.

 

En el CICPC, el joven ingresó a las 10:00 am para una supuesta entrevista breve que terminó extendiéndose por diez horas.

Durante este tiempo, no se le permitió salir ni comer, y sus acompañantes no recibieron información sobre su paradero.

Fue alrededor de las 8:00 pm cuando salió acompañado por funcionarios policiales, quienes lo llevaron escoltado hasta la morgue para retirar el cuerpo de su padre.

 

Sin embargo, las irregularidades continuaron. Sin explicaciones claras sobre la causa de muerte, el cadáver de Jesús Rafael fue colocado en una urna sellada y llevado bajo custodia de los mismos funcionarios hasta la población de Anaco, estado Anzoátegui, donde se realizó un entierro controlado con urna sellada.

En este acto no se permitió la presencia de las otras dos hijas de Jesús Rafael, de 7 y 17 años, ni de otros familiares.

El joven fue presionado a no realizar más declaraciones sobre el caso.

Antes de ser silenciado, logró suplicar públicamente por la libertad de su madre, Anny Suárez de Álvarez, quien permanece detenida en un destacamento de la GNB en el estado Bolívar.

 

Jesús Rafael Álvarez fue detenido junto a su esposa el 2 de agosto en la población de El Callao, estado Bolívar.

Ambos fueron trasladados a la comandancia de la GNB en Puerto Ordaz, donde permanecieron un mes antes de que Jesús Rafael fuera enviado al penal de Tocuyito.

Durante su reclusión, nunca recibió visitas de sus hijos ni de otros familiares.

 

Con su muerte, Jesús Rafael se convirtió en el segundo preso político, detenido en el contexto de manifestaciones poselectorales del 28 de julio, que falleció bajo custodia del Estado.

Según cifras del OVP, ya son 21 las personas muertas mientras estaban bajo custodia del régimen venezolano, de las cuales 17 eran presos políticos y tres estaban vinculadas a la trama de corrupción conocida como “Pdvsa-Cripto”.

Prensa: Observatorio Venezolano de Prisiones

 

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Foro Penal rechaza acusaciones y defiende su labor en Venezuela

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Reforma de Código Procesal Penal es cosmética - noticiacn
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A través de su cuenta de Instagram, la ONG Foro Penal condenó los recientes señalamientos que buscan asociar su labor con planes terroristas.

La organización, con más de 23 años de trayectoria, reiteró su compromiso con la defensa legal gratuita de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

En un comunicado oficial, Foro Penal calificó de inaceptable cualquier intento de vincularlos con hechos de violencia y destacó que ni la organización, ni sus directivos, ni sus miles de voluntarios tienen relación con actividades de esa naturaleza.

Preocupación por la criminalización de ONG

La ONG alertó sobre el uso de discursos que buscan estigmatizar y criminalizar el trabajo de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Foro Penal expresó su solidaridad con Provea y otras ONG que han sido atacadas de manera similar.

«La libre labor de las organizaciones de derechos humanos es un pilar fundamental de toda sociedad democrática», afirmó la ONG, enfatizando que incluso los actores del poder político se benefician de una sociedad civil fuerte.

Foro Penal reafirma su compromiso

La organización aseguró que continuará con su labor, motivada por la confianza de quienes acuden en busca de apoyo y por la convicción de que la defensa de los derechos humanos no debe ser criminalizada.

 

 

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