Nacional
La historia de Jesús Rafael Álvarez, segundo preso político en morir bajo custodia del Estado
Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad, quien se encontraba detenido como preso político tras ser arrestado en el contexto de las manifestaciones poselectorales, falleció el 12 de diciembre en las instalaciones del Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. Sin embargo, su familia no fue notificada del deceso.
Su cuerpo fue ingresado a la morgue del hospital local, pero el mayor de sus tres hijos se enteró del fallecimiento recién la noche del 13 de diciembre a través de las redes sociales.
Al acudir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), le mostraron una fotografía con la que confirmó que se trataba de su padre. Allí le indicaron que debía trasladarse al penal para retirar un documento necesario para iniciar los trámites de retiro del cadáver ante el CICPC.
Jesús Rafael Álvarez, segundo preso político en morir bajo custodia del Estado
El joven fue hasta la cárcel de Tocuyito, pero las autoridades del penal negaron que había fallecido un interno. Desesperado, el joven denunció la situación al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y grabó un video exponiendo el caso.
Al día siguiente, tras las múltiples denuncias y declaraciones a medios de comunicación regionales, finalmente fue atendido en el penal y desde allí lo trasladaron a la subdelegación del CICPC en Tocuyito.
En el CICPC, el joven ingresó a las 10:00 am para una supuesta entrevista breve que terminó extendiéndose por diez horas.
Durante este tiempo, no se le permitió salir ni comer, y sus acompañantes no recibieron información sobre su paradero.
Fue alrededor de las 8:00 pm cuando salió acompañado por funcionarios policiales, quienes lo llevaron escoltado hasta la morgue para retirar el cuerpo de su padre.
Sin embargo, las irregularidades continuaron. Sin explicaciones claras sobre la causa de muerte, el cadáver de Jesús Rafael fue colocado en una urna sellada y llevado bajo custodia de los mismos funcionarios hasta la población de Anaco, estado Anzoátegui, donde se realizó un entierro controlado con urna sellada.
En este acto no se permitió la presencia de las otras dos hijas de Jesús Rafael, de 7 y 17 años, ni de otros familiares.
El joven fue presionado a no realizar más declaraciones sobre el caso.
Antes de ser silenciado, logró suplicar públicamente por la libertad de su madre, Anny Suárez de Álvarez, quien permanece detenida en un destacamento de la GNB en el estado Bolívar.
Jesús Rafael Álvarez fue detenido junto a su esposa el 2 de agosto en la población de El Callao, estado Bolívar.
Ambos fueron trasladados a la comandancia de la GNB en Puerto Ordaz, donde permanecieron un mes antes de que Jesús Rafael fuera enviado al penal de Tocuyito.
Durante su reclusión, nunca recibió visitas de sus hijos ni de otros familiares.
Con su muerte, Jesús Rafael se convirtió en el segundo preso político, detenido en el contexto de manifestaciones poselectorales del 28 de julio, que falleció bajo custodia del Estado.
Según cifras del OVP, ya son 21 las personas muertas mientras estaban bajo custodia del régimen venezolano, de las cuales 17 eran presos políticos y tres estaban vinculadas a la trama de corrupción conocida como “Pdvsa-Cripto”.
Prensa: Observatorio Venezolano de Prisiones
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Nacional
Trata de personas: Defensoría del Pueblo insta a verificar ofertas laborales y vigilar redes sociales
La Defensoría del Pueblo desplegó este jueves 30 de julio una jornada de concienciación u orientación con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, alcanzando 60 puntos del Área Metropolitana de Caracas y otros 13 estados de Venezuela.
Unos 200 funcionarios defensoriales sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y la capital.
El operativo incluyó plazas, centros comerciales, campamentos transitorios, hospitales, terminales de pasajeros, pasos fronterizos y sedes de la administración pública.
Para la ejecución de estas actividades, las defensorías delegadas articularon esfuerzos con más de 90 organismos regionales y municipales, con foco en el centro-norte y las zonas fronterizas del país.
En la capital, más de 20 funcionarios brindaron atención en la Plaza Luis Brión de Chacaíto, la Plaza La Candelaria y las inmediaciones del terminal La Bandera, orientando a los transeúntes sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los mecanismos de denuncia ante sospechas de trata.
Vulnerabilidad ante emergencias y canales digitales
La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la institución, Emiselys Duarte, explicó que el contexto generado por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio incrementa la vulnerabilidad de la población.
Advirtió que la separación familiar, los desplazamientos y la reubicación temporal son factores que las redes criminales aprovechan para la captación.
“En medio de la desesperación, las personas pudieran tomar decisiones que no sean las más adecuadas”, señaló Duarte.
Por su parte, la defensora delegada especial para la Trata de Personas, Milet Muñoz, recordó que este delito no solo abarca la explotación sexual o laboral, sino también la mendicidad forzada.
Muñoz instó a madres, padres y representantes a supervisar la actividad de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, recomendó a quienes vayan a trasladarse verificar ofertas laborales o de alojamiento antes de aceptarlas.
“El derecho más valioso que tenemos es la libertad; es precisamente el primero que perdemos cuando nos convertimos en víctimas de trata de personas”, afirmó Muñoz.
Cobertura en estados fronterizos y regiones
En los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, los equipos abordaron pasos binacionales y terminales terrestres para capacitar a ciudadanos, conductores y cuerpos de seguridad en la identificación de patrones de riesgo.
En Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, La Guaira y Barinas, las actividades se centraron en arterias viales y plazas principales; mientras que en Amazonas, Anzoátegui, Miranda y Monagas se dictaron talleres a funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales, alcaldías e instituciones educativas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La Defensoría del Pueblo recordó que mantiene habilitados sus canales de atención telefónica: la línea 08000-PUEBLO (08000-783256), operativa de lunes a domingo entre 8:30 a. m. y 10:00 p. m., y los números 0424-1384164 y 0424-1384168, disponibles las 24 horas.

Con información de nota de prensa
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