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La diáspora también afecta a las universidades afirma rectora Divo

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Rectora Jessy Divo: "La diáspora es alguna de las cosas que afecta al sector universitario".
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La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, planteó que la diáspora es alguna de las cosas que afecta al sector universitario.

La profesora Jessy Divo, quien ha sido atacada duramente por el gobernador del estado, Rafael Lacava; fue la invitada en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

Se refirió a varios temas, entre ellos, a la actual situación que padecen las universidades de Venezuela.

“La situación de las universidades venezolanas es lamentable. La diáspora es alguna de las cosas que afecta al sector universitario”, destacó la rectora de la UC.

Aseguró que en la casa de estudio ha habido un desmantelamiento de cables y hurtos de varios productos en la universidad.

“Hacemos una denuncia para que haya más seguridad en la universidad de Venezuela. La inseguridad ha significado un desmantelamiento ante la institución”, enfatizó.

Afirmó que el gobierno de Carabobo les pidió que se debe actualizar el “convenio de seguridad” con las instituciones universitarias.

Destacó que el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, la “acusó” de esta implicada en la toma del fuerte de Paramacay, el cual ocurrió en el año 2017.

“Muchísimas veces le he solicitado al gobernador para reunirnos”

Aclaró que la Universidad de Carabobo es una casa de estudios, que le da la bienvenida a los “investigadores y cualquier persona”.

“La universidad venezolana actualmente está empobrecida y quebrantada”, enfatizó.

“Muchísimas veces le he solicitado al gobernador para reunirnos y discutir sobre distintos temas de interés”, señaló.

Por otro lado, destacó que  “el transporte y los servicios estudiantiles funcionan a duras penas y hacemos un esfuerzo por tratar de resolver el tema”.

Resaltó que el gobierno venezolano debe apostar en la educación de Venezuela y financiar este sector.

“No podemos ser condenados por decir las verdades, al contrario, es bueno que les estamos diciendo a lo mejor lo que otros no les hacen ver”, finalizó.

Marlene Piña Acosta con nota de Globovisión/ACN

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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