Internacional
Yumandú Orsi asumió presidencia de Uruguay (+ video)

El izquierdista Yamandú Orsi asumió presidencia de Uruguay al ser investido este sábado 1 de marzo como por el período 2025 hasta 2030, en una ceremonia celebrada en el Palacio Legislativo frente a representantes de los diferentes países invitados.
«Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República», fueron las palabras leídas por el nuevo mandatario de Uruguay.
Orsi aseguró este sábado, tras ser investido, que quiere encabezar un Gobierno «que se caracterice por el principio de humanidad».
«El sentido humano será el espíritu con el que se aborden las soluciones a los distintos problemas del país, pero también el modo de ejercer el servicio público, de poner oído ante cada problema o angustia de nuestro pueblo. De entender al que piensa distinto», indicó Orsi.
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Yamandú Orsi asumió presidencia de Uruguay
En ese sentido, el flamante mandatario dijo que la única ambición del Gobierno «está íntimamente ligada a la búsqueda de la pública felicidad».
«La democracia también goza de buena salud cuando sus instituciones son sólidas, cuando la justicia es igual para todos y cuando se defiende a ultranza el mandato republicano de la independencia entre poderes», exclamó.
Orsi sucede a Luis Lacalle Pou para liderar hasta 2030 un país de 3,4 millones de habitantes, uno de los más estables y prósperos de la región, que este primero de marzo celebra 40 años de democracia ininterrumpida.
Llega con expectativa favorable
«¡Sabremos cumplir!», aseguró el delfín del expresidente Pepe Mujica, al ganar en noviembre con la promesa de beneficiar a los más desfavorecidos con «un cambio seguro que no será radical».
Orsi, un profesor de historia de 57 años que gobernó durante una década Canelones, el departamento más poblado del país después de Montevideo, llega a la Torre Ejecutiva con un 44% de expectativas favorables sobre su gestión, según una encuesta de Opción Consultores.
Juan Carlos Martínez, un trabajador de la construcción de 70 años, se mostró esperanzado. «Va a gobernar para los pobres, no para los ricos», señaló.
Romina Maciel, de 20 años y empleada de una empresa de limpieza, confió en que su sueldo mejore, que pueda sentirse «más segura» y «que no haya gente viviendo en la calle».
La de Orsi es la octava investidura presidencial desde 1985, cuando terminó una dictadura cívico-militar de 13 años que dejó unos 200 detenidos-desaparecidos, una herida aún abierta para muchos.
«Espero que finalmente se haga justicia», afirmó Claudia, una enfermera de 59 años que prefirió no dar su apellido.
Orsi, el tercer mandatario de izquierda en Uruguay después de su mentor Mujica (2010-2015), y el fallecido Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), juró lealtad a la Constitución hacia las 14:00 (17:00 GMT) ante el Parlamento en pleno.
Luego se trasladó en un auto eléctrico hasta la céntrica Plaza Independencia, donde Lacalle Pou le entregó la banda presidencial para quedar oficialmente investido en el cargo.
Delegados de más de 60 países
Delegados de más de 60 países, entre ellos el rey de España y los presidentes de Alemania, Armenia, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana fueron testigos de la asunción.
El presidente Javier Milei faltará debido a la inauguración de la nueva legislatura en Argentina.
Orsi ya sostuvo varios encuentros bilaterales el viernes, cuando compartió un asado con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia.
Mujica, de 89 años y enfermo de un cáncer irreversible, dijo no querer perderse la asunción de su discípulo y prevé además reunirse con su amigo Lula.
Retos y metas
Orsi enfrenta no pocos desafíos. En lo político, lidiará con un Parlamento dividido, en el que el gobernante Frente Amplio (FA) solo controlará el Senado y habrá voces antisistema en la Cámara baja. Pero según analistas, la interna del oficialismo le generará aún más problemas.
«Dedicará más tiempo y energía a gestionar a sus partidarios acérrimos que a tratar con sus oponentes políticos», escribió el economista Arturo Porzecanski en la revista Americas Quarterly, advirtiendo tensiones con la «poderosa» central sindical Pit-CNT, afín al FA.
Orsi deberá atender las demandas sociales sin incrementar el déficit fiscal, que alcanzó en 2024 el 4,1% del PIB, y en momentos en que la falta de lluvias amenaza con afectar el crecimiento, estimado en 3% para este año.
El nuevo presidente tendrá el reto de abatir la criminalidad vinculada en gran parte al narcotráfico, algo que pese a intentos no logró Lacalle Pou. Uruguay tiene una tasa de homicidios de 10,5 cada 100.000 habitantes, y unos 16.000 presos con bajo nivel educativo y difícil perspectiva de reinserción social.
Lacalle Pou le deja la vara alta
Por otra parte, las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump impactarán en Uruguay «a través del potencial menor crecimiento en China», dijo a AFP Nicolás Saldías, del EIU, la unidad de análisis de The Economist.
Según Porzecanski, «Orsi hereda una economía y un país cuyos fundamentos son muy sólidos».
Lacalle Pou, un abogado de 51 años que deja el cargo con 54% de popularidad, destacó que su gobierno «cuidó los recursos públicos», fue «humanista» y buscó ir «a todos los rincones del país».
«Lo volvería a vivir, corrigiendo errores», aseguró el viernes, emocionado ante una multitud que lo aclamaba.
Con la voz quebrada, la agente de viajes Cecilia Antía, de 60 años, lamentó que en Uruguay no se permita un segundo mandato presidencial consecutivo. «¡Lo necesitamos!», exclamó entre seguidores que esperan que sea reelecto en cinco años.
ACN/MAS/AFP
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Internacional
Trump podrá poner fin a TPS para venezolanos según fallo de Corte Suprema de EEUU

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación fue impugnada por siete ciudadanos venezolanos amparados por el TPS y un grupo que representa a otros, argumentando en parte que la decisión estaba motivada por la hostilidad racial y política.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó su desacuerdo. Tiempo atrás, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS para los inmigrantes venezolanos, con lo que más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos perderán esa protección la próxima semana. Otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en septiembre.
Una cuestión central en el proceso era si Noem tenía autoridad para eliminar el TPS antes de que expirara.
La administración de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más. El fallo del lunes se aplica a la designación de 2023.
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Trump podrá poner fin al TPS para venezolanos
Los demandantes, inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, alegaron que la brusca revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios de políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, impidiendo la retirada de las protecciones a más de 300.000 venezolanos que iban a perderlas a principios de abril.
El juez de distrito estadounidense Edward Chen, nominado para el cargo por el expresidente Barack Obama, describió Venezuela como “un país tan plagado de agitación y peligros económicos y políticos que el Departamento de Estado” ha advertido contra los viajes allí “debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructuras sanitarias deficientes”.
El Congreso creó el programa del TPS en 1990, permitiendo al gobierno federal proporcionar protección temporal a los migrantes de países que soportan desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso el regreso de las personas.
Al final de la primera administración de Trump, los funcionarios describieron a Venezuela como “l peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental” y concedieron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.
ACN/MAS/CNN
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