A esa conclusión llegó la Misión este miércoles 20 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la Misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes”, señala el reporte al que tuvo acceso Infobae, y que cubre el periodo comprendido entre septiembre del año pasado, cuando la Misión presentó su último informe al Consejo, hasta la fecha.

En su presentación del año pasado, la Misión había advertido que la estructura represiva del gobierno venezolano “no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente”. En estos meses, la situación no cambió. Por el contrario, empeoró.

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Los investigadores de la ONU indicaron que en esta última actualización encontraron una reactivación “de la modalidad más violenta de represión” por parte de las autoridades chavistas: “La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno”.

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Según detallaron, el Ministerio Público (MP), a cargo del fiscal general Tareck William Saab, sigue operando como “parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.

Asimismo, la Misión señala que continúa investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, “con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales”.

“Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión”, afirma la Misión de la ONU en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.

Los integrantes de la Misión recordaron, además, que producto de las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos, el pasado 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En su presentación, la Misión enumeró una gran cantidad de acontecimientos que se produjeron desde octubre del año pasado hasta la fecha de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio.

Lo primero, recuerda la delegación de la ONU, fue el Acuerdo de Barbados suscrito el 17 de octubre entre la oposición y el chavismo, por medio del cual las partes se comprometían a reconocer el derecho de las partes a elegir libremente a sus candidatos para los comicios, promoviendo “un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”.

A los pocos días, el 22 de octubre, la líder del partido opositor Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, arrasó en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria. Pero como muchos temían, el chavismo no tardó en entorpecer el proceso electoral. Apenas un día después, un diputado afín al régimen solicitó la nulidad de las primarias, y posteriormente el fiscal general anunció una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales por presuntos delitos como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir.

Finalmente, el 30 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias. Meses después, el mismo TSJ ratificó la inhabilitación política que pesaba sobre Machado por 15 años.

“Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advierte la Misión de la ONU.

Asimismo, el informe recuerda que en diciembre Tarek William Saab anunció que había solicitado órdenes de aprehensión contra 14 personas tras el referéndum consultivo convocado por el chavismo en medio de las tensiones con Guyana por el Esequibo.

El 2024, en tanto, continuó en esa senda con anuncios y acciones poco alentadoras para el respeto y ejercicio de los derechos humanos.

Con información de ACN/infobae

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